Margarita Stolbizer lanzó munición pesada contra Carla Vizzotti

En su argumentación, Stolbizer afirmó que "ni el estado ni la declaración de emergencia pueden ser usados para amparar conductas ruines y delictivas. Los funcionarios deben dar explicaciones en el Congreso y la Justicia debe investigar". 

La denuncia fue realizada al conocerse el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que encontró irregularidades en las compras y contrataciones realizadas por el ministerio de Salud durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Adicionalmente, la diputada presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que se investigue la posible comisión de delitos.

Stolbizer, que sustentó su carrera política a través de declaraciones y denuncias no siempre comprobadas, volvió a la carga. Pero esta vez, con lo que parecen ser fundamentos muy sólidos: “Estamos nuevamente frente a un episodio en el que funcionarios del gobierno nacional actúan fuera de la ley. No es la primera vez que la emergencia es utilizada para sortear procedimientos formales y normados para las contrataciones y compras públicas, pese a que ello no debería en ningún caso considerarse una habilitación para dejar de lado la integridad y transparencia que debe existir en todas las acciones que los funcionarios llevan a cabo en tan condición”, enfatizó.

Y es que, más allá de la celebración del cumpleaños de Fabiola Yánez en plena cuarentena en la Quinta de Olivos o el Vacunatorio VIP, ahora la AGN identificó graves irregularidades en el gerenciamiento de la emergencia provocada por la pandemia, que son muchas y de todo tipo.

En efecto, el informe puntualiza que no se presentaron las declaraciones juradas relacionadas con intereses que pudieran afectar a los involucrados; que los productos adquiridos no contaban con la obligatoria certificación de ANMAT; la ausencia de informes técnicos en ocasiones en que correspondía; la falta de vinculación entre expedientes de compra y expedientes de pago, reiterados errores de confección en la documentación que producen dudas respecto de la transparencia del proceso; diferencias importantes entre las notas de crédito emitidas y el anticipo financiero previsto en los contratos; y diferencias entre las órdenes de pago y lo efectivamente facturado por las empresas.

No son esas las únicas irregularidades que detectó la AGD, y que razonablemente podrían ser objeto de judicialización. También el reporte indica que no hay informes de la Dirección de Contabilidad y Tesorería ni intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y que no se ha garantizado la integridad en la contratación y la observancia de la ley de Ética Pública respecto de alguna de las empresas intervinientes, pudiendo observarse el conflicto de intereses o la comisión de delitos más graves contra la administración pública; tampoco existe documentación respaldatoria de los precios de mercado y en muchos casos el monto de la compra excede el que estaba habilitado por la normativa.

Stolbizer, con las constataciones de la AGN en mano, afirma que si bien algunos de estos ítems pueden considerarse como “anomalías”, otros podrían asociarse a la “comisión de delitos”: “Hay anomalías de índole administrativa pero también aparecen hechos que podrían constituir delito y esa es la razón que motiva una denuncia penal”, subraya.

“Ellas son: las diferencias entre pagos autorizados y los efectivamente hechos, excediendo los montos; la compra de insumos que no contaban con la aprobación técnica del organismo a cargo, ANMAT; la AGN ha detectado también que la empresa privada Aeromedical S.A. contó con un trato preferencial, incluso se emitió en su favor una orden de pago por la provisión de más de 3 millones de barbijos siendo que la firma ni siquiera había sido evaluada y no contaba con los informes que la norma requiere. Más grave aún es que el titular de dicha firma privada era un agente contratado por el estado en el mismo Ministerio que estaba contratando con ella”, sentencia el comunicado difundido por la diputada.

Durante la pandemia, muchos comportamientos financieros y decisiones políticas tuvieron un alto grado de irregularidad. Algunos de ellos podrían aceptarse en virtud de la premura con que se debió actuar para afrontar la situación de catástrofe sanitaria, pero no puede desconocerse que otros tantos violaron expresamente la normativa vigente y generan fundadas sospechas de haberse incurrido en comportamientos delictuosos.

Pero no se esperaba en el gobierno que la AGN emitiera un informe tan minucioso sobre el accionar del ministerio de Salud, que echa por tierra las expectativas de los funcionarios de que su desempeño durante la pandemia fuera considerado como cosa juzgada.

Ahora parece haber llegado la hora en que Vizzotti deberá dar explicaciones. Y, por los trascendidos que surgen del interior del propio ministerio, parece estar bastante floja de papeles para afrontar esta instancia. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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