La VTV, un nuevo golpe al bolsillo para “algunos” vecinos mendocinos

A la temática se suma ahora la provincia de Mendoza, donde la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), luego de años de prórrogas y conflictos dirimidos por el Tribunal Supremo provincial, comenzó a ser efectivamente de requerimiento obligatorio para circular por la misma.

En la actualidad se calcula que la provincia posee alrededor de unos 800 mil automotores en circulación, de los cuales más del 80 por ciento aún no realizó esta verificación vehicular por no ser obligatoria hasta el momento.

La disposición se da en un contexto de profunda crisis y recesión económica, donde la RTO tiene un costo de 2 a 4 mil pesos en motos, dependiendo de la cilindrada, 5.880 para todo tipo de automóviles, 6543 para camionetas y 8102 para camiones, convirtiéndose en un gran negocio para los catorce talleres habilitados a realizarla.

Sin embargo, dentro de los dieciocho departamentos que componen la provincia, algunos de ellos quedarán exceptuados de realizarla por no contar con plantas de control, de acuerdo a una resolución del gobierno de Rodolfo Suárez. Ellos son: San Carlos, Tupungato, Tunuyán, Santa Rosa, La Paz y Malargüe.

Según datos aportados por el equipo de trabajo del Partido Verde, liderado a nivel provincial por el ex legislador Mario Vadillo, el 81 por ciento de los accidentes se dan por negligencia o imprudencia de los conductores al volante, casi el 9 por ciento por falta de señalética, semáforos y escasa educación vial; y solo el 1 por ciento por fallas mecánicas que bien pueden producirse por la rotura del auto producto del mal estado de las calles en las principales localidades mendocinas.

De esta forma, coinciden en que la RTO, lejos de prevenir accidentes, constituye un negocio más de la política, donde en su momento el gobernador Francisco Pérez (2011-2015) solo había habilitado un único taller donde realizar el examen, licitación que por carecer extrañamente de otros oferentes terminó siendo derogada por la Corte Suprema provincial.

Durante el gobierno de Alfredo Cornejo (2015-2019) se licitaron nuevos talleres con tres oferentes que, sin embargo, fueron duramente cuestionados por el legislador Vadillo desde su banca. Luego, el actual mandatario Rodolfo Suárez, licitó catorce talleres para dieciséis departamentos, suspendiendo la medida en algunos de ellos.

Son varias las voces de vecinos que se preguntan acerca de por qué deben pagar por un trámite de manera obligatoria, mientras vecinos y parientes de departamentos vecinos no deben hacerlo por disposición gubernamental.

Un entuerto del que parece la política prefiere no tener respuesta, al menos por ahora.(www.REALPOLITIK.com.ar)

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