Los agrotóxicos contaminaron la gestión del gobierno nacional

Primero fue el sindicalismo, que a través de Pablo Moyano salió a cruzar duramente su propuesta de suprimir derechos laborales. Ahora el repudio fue masivo, ya que más de 2.300 organizaciones y 4.400 personas exigen la renuncia de Aracre, quien debía asumir el 2 de febrero.

El repudio se materializó a través de una carta pública colectiva, en el que se exigió que quien hasta ahora se desempeñó como CEO de Syngenta, el mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo, no asuma ese cargo: “¿Alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no influirá en decisiones relacionadas con Syngenta?”, se interroga el documento.

La pregunta no es en vano, ya que Aracre se desempeñó durante 36 años como empleado de Syngenta y en los últimos doce años como CEO de esa compañía para Latinoamérica.

El ex CEO dejó su empleo privado el pasado 31 de diciembre para asumir como funcionario público y sus objetores plantean que lo hizo a través del mecanismo denominado de “puertas giratorias”, por el cual funcionarios de altos cargos de empresas privadas pasan a la función pública como si nada. Algo que, por otra parte, fue muy frecuente durante el gobierno de Mauricio Macri.

De este modo se impulsan frecuentemente políticas públicas que benefician a esas grandes corporaciones, a pesar de que la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública lo prohíbe. Además, no se trata de una empresa menor. En el mercado local de ventas de herbicidas es del 30 por ciento, un similar porcentaje de fungicidas y curasemillas, y el 20 por ciento de insecticidas.

Syngenta facturó en 2020 unos 750 millones de dólares según la revista Forbes, y en agosto de 2022, la revista Fortuna -del Grupo Perfil- le otorgó el premio “Fortuna de Plata 2022 a la mayor empresa del país”, por crecer un 126 por ciento en ventas entre sus dos últimos balances. Así pasó de 63.000 millones a 143.000 millones de pesos, liderando así el ranking de las veinte empresas del país que más crecieron en ventas.

En nuestro país la corporación tiene unos 389 productos formulados registrados y unos 166 principios activos que están autorizados por autoridades de control, aunque sus detractores consideran que su experticia radica en “el arte de envenenar”. Entre los plaguicidas altamente peligrosos que comercializa, se incluyen ametrina, atrazine, clorotalonil, diquat, glifosato, lambdacialotrina, paraquat y tiametoxam, que figuran en la lista de productos prohibidos en diversos lugares del mundo y, sobre todo, en la Unión Europea

A partir de estos elementos, el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) encabezó la maniobra para impedir su asunción como jefe de Asesores desde el mismo momento de su designación, y ahora emitió un durísimo comunicado en el que reafirma su oposición, con sólidos argumentos.

¿Ignoraba Alberto Fernández que la designación de un sujeto de este perfil iba a generar controversias y durísimas oposiciones? ¿No se le ocurrió que replicar la política de CEOs que llegan al estado a través de “puertas giratorias” lo asimila con Mauricio Macri, en pleno año de definiciones electorales? ¿O simplemente se trató de un nuevo dislate, producto de su improvisación y escasa evaluación previa de las consecuencias de sus decisiones a las que nos tiene acostumbrados?

Una vez más, Alberto se compró un problema innecesario y nos expuso a una nueva y gratuita confrontación a todos los argentinos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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