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31 de enero de 2023 | Legislativas

Lavado de activos

El bloqueo legislativo que impuso JxC expone a la Argentina a graves sanciones internacionales

Diputados del Frente de Todos le solicitaron a la bancada de Juntos por el Cambio la habilitación de la comisión de Legislación Penal para tratar una ley que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos.

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El proyecto respectivo fue enviado por el gobierno y apunta a modificar tipificaciones penales, aumentar las multas y sumar agravantes por terrorismo, con un eventual congelamiento de bienes, y el establecimiento de nuevas obligaciones para los abogados.

La próxima revisión del GAFI tendrá lugar en el mes de septiembre. En caso de que antes de esa fecha no se sancione la ley, por la parálisis legislativa que impuso Juntos por el Cambio, la  Argentina podría recibir sanciones, cuyas consecuencias deberán ser afrontadas por el sucesor de Alberto Fernández.

El proyecto tuvo un inicio de tratamiento en comisiones en el mes de noviembre, y se avanzó al punto de intercambiar borradores con Juntos por el Cambio redactar un texto en común. Sin embargo, todo quedó en la nada en el mes de diciembre cuando la disputa por la integración del Consejo de la Magistratura motivó la decisión de paralizar la actividad legislativa por parte de la coalición opositora. Y la situación se profundizó este año ante el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

En represalia por el ingreso del proyecto de enjuiciamiento de la Corte, la mesa nacional de Juntos por el Cambio dispuso que sus legisladores no faciliten el quórum mientras la iniciativa continúe vigente, y así lo hicieron durante la primera semana de sesiones extraordinarias, al ausentarse de las comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Juicio Político.

En el caso de la comisión de Legislación Penal ni siquiera hubo convocatoria, ya que es presidida por la diputada del Pro, María Luján Rey, quien no se molestó en habilitarla habida cuenta de la decisión de la conducción de su coalición.

Esta cuestión plantea un dilema para Juntos por el Cambio, ya que, en caso de mantener su bloqueo, la Argentina sufrirá graves sanciones que comenzarán a aplicarse durante la próxima gestión presidencial, que la oposición aspira a asumir. La vicepresidenta de la comisión, Mónica Litza (Frente Renovador / Frente de Todos), le envió una carta a Rey para solicitarle que convoque a la comisión y firmada por trece diputados de su bancada, en la que alerta sobre los riesgos en caso de continuar la parálisis legislativa.

"De no tratarse el proyecto es altamente probable que el resultado de la revisión del GAFI sea negativo y genere no solamente responsabilidad internacional de Argentina, sino fuertes consecuencias negativas sobre vastos sectores de la economía nacional, que se verían impedidos no solamente de acceder a financiamiento, sino de mantener a relaciones normales con el extranjero”, advierte.

En caso de que Rey mantenga su decisión, el proyecto no podrá continuar su trámite legislativo en comisión y sólo quedaría intentar su tratamiento sobre tablas. Pero el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para hacerlo. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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