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12 de marzo de 2023 | Nacionales

Por acción u omisión

Connivencia narco

El atentado contra uno de los supermercados de la familia Roccuzzo, acompañado de la amenaza de muerte a Lionel Messi , puso en el centro de la escena una gravísima e incómoda realidad que los gobiernos nacionales y provinciales –más allá de su signo político- han insistido en negar.

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La violencia sin límites que se apoderó de Rosario y de buena parte de la provincia de Santa Fe, amparada en un tramado de corrupción que incluye a políticos, funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad, agentes financieros e inmobiliarios y, por supuesto, el narcotráfico. La pobreza, la crisis educativa y los altísimos niveles de desocupación, sobre todo entre los jóvenes, son su caldo de cultivo.

Meses atrás varios informes alertaron que los narcos seguían controlando el delito aún estando en prisión. Y sólo unos días atrás, una vez estallado el affaire Roccuzzo - Messi,  la procuración General de la Nación le solicitó al gobierno nacional la toma de medidas urgentes para evitar que los jefes narcos continúen operando desde las cárceles federales, tal como se detectó en investigaciones judiciales. Pero la respuesta fue la negación. Primero fue la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y poco después Agustín Rossi, quienes negaron rotundamente que los presos tengan celulares en su poder: “No hay teléfonos en las cárceles, la situación no es tan como se dice”, aseguró el jefe de Gabinete.

En respuesta a las declaraciones de Cerruti, Gerardo Morales salió a cruzarla en su cuenta de Twitter: “La portavoz @GabiCerru miente y asegura que los delincuentes no tienen celulares en las cárceles. Este informe de la procuraduría de Narcocriminalidad del 2021 (publicado el año pasado) no deja lugar a la imaginación: los jefes narcos operan desde la prisión con total impunidad”.

La estrategia del gobierno, más allá de las declaraciones presidenciales y el acting de movilización de recursos a Rosario, sigue siendo barrer la mugre bajo de la alfombra.

La tranquilidad que Rossi pretendió infundir se estrelló contra la realidad. Esta semana se encontraron dos celulares durante los allanamientos a las celdas de los jefes de la organización Los Monos en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Trelew, quienes utilizaban un hueco en la pared para pasarse los móviles. No es una novedad: en 2021, la procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) elaboró un informe que consignó diecinueve casos de jefes narcos que desde las cárceles continuaban manejando el negocio de la droga y cometían otros delitos.

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Pese a esta comprobación fáctica, Rossi insiste en afirmar que no hay celulares en las cárceles y que en ellas tampoco hay señal: “Le pedí al ENACOM que me dé un informe, el informe me dice que no hay señal de celular en Marcos Paz. Ese informe es del alcance de las tres empresas que prestan servicio de celular y no daba el radio de alcance de cada una de las celdas y antenas. No conforme con eso le pedí que vaya una comisión del ENACOM con los aparatos necesarios para medir. En Marcos Paz no hay 4g, ni 3g, ya fuera de Marcos Paz hay 2g, pero sí, no tiene que haber teléfonos celulares”.

Los dichos de Rossi contrastan con una serie de propuestas que la procuración le hizo llegar al gobierno nacional para controlar la situación: que se instalen en los pabellones inhibidores de celulares, que los lugares de detención tengan requisas más periódicas, que se controle la complicidad de agentes penitenciarios y que haya más rigor en los beneficios que puedan obtener los presos de mayor riesgo.

Pero también se llamó la atención sobre la complicidad de los agentes penitenciarios con el crimen organizado. Al respecto la procuraduría presentó un informe sobre las acciones que vienen realizando para prevenir e investigar la connivencia del Servicio Federal Penitenciario, incluso se consignó que una serie de secuestros extorsivos ordenados desde las cárceles fueron posibles gracias a la participación de agentes penitenciarios que entregaron  celulares que se utilizaron para cometer esos delitos.

La situación rosarina no resiste ninguna clase de controversia. Según el Observatorio de Seguridad Pública, en los últimos catorce meses se registraron 347 homicidios, y ya van suman alrededor de sesenta en lo que va de 2023. Pero Rossi insiste en seguir mirando para otro lado al afirmar que “Rosario no dejó de ser una ciudad de trabajadores, sigue teniendo su cultura, su cine, sus universidades, sigue teniendo todo lo que tiene una ciudad”.

“Yo vivo en Rosario, nosotros no vemos lo de Rosario por la tele, todos los fines de semana voy a Rosario, mi mujer vive en Rosario, mis hijos viven y estudian en Rosario. Tengo las mismas preocupaciones que todos los rosarinos, pero seguimos viviendo en la ciudad, no pienso mudarme. Los rosarinos trabajan en la ciudad y hacen sus actividades, el fútbol se sigue jugando en Rosario, es una situación grave. Si quiere ponerle un calificativo más duro califíquelo más duro, no es que no se vive”, enfatizó.

Por esta razón, sus conceptos sobre la gravísima situación rosarina y la acción ordenada por el gobierno nacional en los últimos días sólo incrementan la sensación de desprotección: “Es una situación grave que merece respuesta de todos los niveles del estado, estamos trabajando fuertemente en eso. No hay nadie más que los rosarinos, que los que vivimos ahí, más preocupados y ocupados para que Rosario vuelva a ser la ciudad que en algún momento vivimos”.

El estado de cosas que Rossi insiste en minimizar dista de ser nuevo. Ante la gravedad de lo que viene sucediendo desde hace años, el informe del ministerio Público Fiscal de 2021  denunciaba que los jefes de las bandas presos en los penales tenían celulares y los usaban para ordenar homicidios. De este modo, tanto la Justicia como todos los niveles estatales tenían conocimiento de que los jefes de las bandas narco más importantes del país, mediante teléfonos celulares o fijos, ordenaban homicidios, balaceras, secuestros e impartían directivas para que las organizaciones que comandaban sigan expandiendo el territorio para vender droga, en Rosario. Tan generalizado estaba –y sigue estando- el descontrolado uso de móviles y aparatos de línea por parte de los jefes de las bandas que los penales en los que están alojados los principales jefes delictivos han sido caracterizado como calls centers narcos.

El estudio sobre diecinueve casos en distintos penales del país que toma en cuenta ese informe está acompañado de una serie de propuestas para la adopción de medidas para que los capos narco dejen de manejar a control remoto la ola de violencia rosarina. El trabajo fue presentado en  septiembre de 2021 ante las autoridades del SPF y, un mes después, en el ministerio de Justicia de la Nación. Sin embargo, no se adoptó medida alguna hasta hace diez días, cuando se dispuso una serie de allanamientos en los penales de federales de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza, relacionados con la investigación por el homicidio del cantante de cumbia Lorenzo Altamirano frente al estadio de Newell’s Old Boys, en el pasado mes de febrero.

Pero la gravedad de la situación subsiste, y las respuestas pretendidamente “tranquilizadoras” de los funcionarios nacionales sólo incrementan la sensación de desprotección. Por ejemplo, se ha podido comprobar que tanto en las cárceles federales como en los penales de Santa Fe, los presos consiguen los teléfonos mediante el pago de coimas a los agentes penitenciarios, que reciben 90 mil por celular.

La sociedad rosarina, resignada a la impunidad con la que actúa la red de corrupción que incluye a todos los poderes públicos y a poderosos empresarios, casi hasta había llegado a naturalizar su situación, hasta que el affaire Roccuzzo - Messi le dio entidad nacional, pasando a los titulares de los medios de todo el país.

Sin embargo, pese al acting de las intervenciones de Alberto Fernández, las declaraciones de sus principales funcionarios, como Aníbal Fernández, Rossi o Cerruti, invitan a pensar que todo seguirá tal como venía siendo.

Por no mencionar a la ex ministra y actual funcionaria de los Cascos Azules, Sabina Frederic, quien puso la solución en manos de “dios”: "Messi debería colaborar en una campaña de desarme”, aseguró.

Todo argumento parece ser útil para no atacar el desafío de raíz. La duda es hasta cuándo resistirá la sociedad este destrato o si terminará naturalizando nuevamente. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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