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22 de marzo de 2023 | Nacionales

Pese a las declaraciones rimbombantes

Malestar en el kirchnerismo por la no contemplación de los presos políticos en el Foro Mundial de Derecho

Esta semana se desarrolla en Buenos Aires el III Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH2023), organizado por la CIPDH de la secretaría de Derechos Humanos de la UNESCO en el CCK, con la presencia de destacados líderes regionales y autoridades de la Argentina.

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Si bien en el programa se destaca pomposamente que se trata de “un evento histórico, por las conquistas populares en estos cuarenta años de democracia y por las conquistas que vendrán”, al gobierno argentino no le está yendo precisamente bien en esta asignatura.

En efecto, en coincidencia con el inicio del evento, el departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe anual sobre derechos humanos, en el que no faltaron duras críticas hacia la Argentina y el gobierno de Alberto Fernández.

En su comunicación, el departamento de Estado denuncia "graves problemas con la independencia del poder judicial" y "una grave corrupción gubernamental", llamando especialmente la atención sobre los períodos de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Según el secretario de Estado, Antony Blinken, el informe Human Rights Report ha sido "un recurso vital para gobiernos, investigadores, grupos de defensa, periodistas y voces de conciencia en todo el mundo que trabajan para promover el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por la injusticia".

"Entre las cuestiones importantes de derechos humanos -continúa- figuraban informes fidedignos de: homicidios ilegítimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales".

El informe 2022 denuncia que en la Argentina hay "graves problemas con la independencia del poder judicial y la grave corrupción gubernamental. El gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción”.

En uno de sus capítulos, titulado "Denegación de juicio público imparcial", se afirma que en la Argentina "la ley prevé un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales. Según las ONG nacionales, los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales eran a veces objeto de manipulación política".

Y, en lo referido al poder judicial, señala que a pesar de que “generalmente hizo cumplir el derecho a un juicio justo y público", llama la atención sobre las "demoras prolongadas, los atascos procesales, las largas lagunas en el nombramiento de los jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia (que) obstaculizaron el sistema judicial".

En el capítulo sobre “Corrupción y transparencia”, se objeta: "La ley establece sanciones penales para la corrupción de los funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. La debilidad de las instituciones y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavan los intentos sistemáticos de frenar la corrupción".

Y consigna que "varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango y ex personalidades políticas, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estaban en curso hasta septiembre", cuando aún no se le había emitido sentencia sobre la causa Vialidad.

"Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en 160 millones de dólares. El 22 de agosto los fiscales federales resumieron el caso de corrupción en obras públicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fernández de Kirchner y la sentenciara a doce años de prisión e impusiera una prohibición de por vida para servir en cargos públicos. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera", precisa el informe.

También llama la atención respecto de que "hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes".

La dureza del informe y su escasa precisión al distribuir responsabilidades parece demostrar que el departamento de Estado ha endurecido su posición respecto del gobierno nacional. En realidad, las violaciones a los derechos humanos no sólo se constatan en la órbita de la Nación, sino también en las provincias y en el poder judicial, que aparecen insólitamente blindados en ese informe.

En efecto, el alegato de Daniel Llermanos ante el Tribunal de Casación en el marco de la causa 114626, el 14 de febrero de este año -y actualizado al 10 de marzo-, da cuenta de la presunta existencia de 16 presos políticos en nuestro país.

La provincia de Jujuy, se anota con cuatro: Miguel Ángel “Cacho” Sibila y Milagro Sala, Iván “Diablito” Altamirano y Patricia “Pachila” Cabana (estos últimos tres, con prisión domiciliaria).

La provincia de Río Negro, con Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), encabeza la lista con cinco presos políticos: Celeste Ardaiz Guenumil (prisión domiciliaria, ahora en Carmen de Patagones), Romina Rosas (prisión domiciliaria), Luciana Jaramillo (prisión domiciliaria), Machi Betiana Colhuan (prisión domiciliaria) -todas ellas con niñas y niños presos con ellas (ocho en total) y Facundo Jones Huala (cárcel de Esquel)

En la de Buenos Aires, con Axel Kicillof (Frente de Todos), suma nueve: Guillermo Molina (Bahía Blanca), José Burgos (Bahía Blanca) y Humberto Arnaldo Monteros Bravo, aunque este último falleció de COVID-19, habiéndose contagiado en una audiencia Judicial presencial, y cuatro trabajadores de transporte: Emanuel Lazzaro (prisión domiciliaria), Sebastián Mac Dougall (prisión domiciliaria), Pablo Varriano (prisión domiciliaria) y Luciano Fiocchi (prisión domiciliaria).

Finalmente, la provincia de Corrientes liderada por el radical Gustavo Valdés suma una: Angelina Soledad Lesieux (prisión domiciliaria).

Ciertamente, queda poco lugar para la autocelebración de las “conquistas populares” en materia de derechos humanos de la que se jacta la organización del evento que se inició este lunes en el CCK, y generan controversias dentro del Frente de Todos, en particular con un cristinismo que ha hecho de esta cuestión su bandera. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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