La política de “buena vecindad” de los Estados Unidos y los Planes New Deal

En el programa de Roosevelt, América Latina tenía asignado un papel fundamental como proveedora de materias primas a bajo precio, como mercado para la exportación de los productos de la industria pesada norteamericana y como un terreno provechoso para sus inversiones de capital. Las políticas sustitutivas y el nacionalismo económico fueron un serio problema para el proyecto de Roosevelt de vigorizar el control económico y financiero de la región. En Cuba, los resultados obtenidos por los empresarios norteamericanos fueron brillantes. Por el contrario, Bolivia y México expropiaron a las compañías petroleras estadounidenses, que encontraron en el gobierno de Roosevelt un apoyo menor al esperado. Sin embargo, resistió a las presiones a favor de la intervención directa, y se limitó a exigir una indemnización justa. En este último caso se temió que la medida adoptada por el gobierno mexicano tuviera un efecto dominó sobre las propiedades norteamericanas en el resto de América Latina, e incluso, en el caso mexicano, un verdadero desastre en términos estratégicos, ya que el gobierno azteca desarrolló conversaciones, en 1938, con las potencias del Eje para explotar y distribuir su petróleo. Sin embargo, tales especulaciones no se concretaron, ya que el mandatario, interesado en establecer bases militares en territorio mexicano, mantuvo una posición sensata en la mesa de negociaciones: se negó a sostener las desmedidas demandas de las empresas petroleras y estableció acuerdos sobre reclamos mexicanos en materia agraria, compró plata a sus vecinos y les otorgó créditos.

Los acuerdos se firmaron tres semanas antes del ataque japonés a Pearl Harbor. Si bien esta resolución de la cuestión mexicana permite suponer que los Estados Unidos habrían consentido en debilitar un tanto su dominio sobre América Latina, en realidad la pauta fue a la inversa, ya que la guerra acrecentó su influencia sobre la región y sus recursos económicos. La política del “buen vecino” apuntaba a aumentar las exportaciones norteamericanas, con el fin de acelerar la recuperación de su propia economía. De este modo, si bien Norteamérica colaboró en el moderado crecimiento de algunas economías latinoamericanas, la condición fue la “reciprocidad”, que imponía la reducción de tarifas aduaneras y una liberalización del control de cambios, facilitando de este modo la penetración económica norteamericana en la región. A medida que aumentaba la subordinación de América Latina en relación con los Estados Unidos, la capacidad de conceder ayuda económica se convirtió en instrumento importante de la política norteamericana. Así, el arreglo de la disputa petrolera con Bolivia fue finalmente facilitado por el deseo de Bolivia de obtener ayuda económica estadounidense. Mientras duró la disputa petrolera, México dejó de recibir préstamos de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos.

Al estallar la guerra en Europa, los Estados Unidos exigieron la dirección de una acción continental concertada. En septiembre de 1939, se realizó una consulta regional de ministros de Relaciones Exteriores en Panamá, con el objetivo de mantener la neutralidad y establecer medidas comunes para enfrentar la dislocación económica que inevitablemente habría de producirse después de la guerra. La primera cuestión no motivó mayores discusiones, en tanto el estudio de la segunda fue encargado a un Comité Consultivo Interamericano Financiero y Económico creado especialmente. Finalmente, se recomendó a todos los gobiernos americanos tomar medidas para combatir las “ideas subversivas” en el hemisferio occidental.

La “influencia moral” de los Estados Unidos sobre América Latina se incrementaba. En 1940, en vista de que la situación se había vuelto más amenazadora –Alemania había ocupado Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y buena parte de Francia–, se celebró una nueva reunión en La Habana, sin que se tomara ningún compromiso de acción colectiva. Si bien los Estados Unidos se manifestaban muy preocupados por la cuestión de la defensa del hemisferio, su posición era reveladora de la relación vertical que imponían en su trato con las naciones latinoamericanas. En efecto, no esperaban ni deseaban una contribución militar importante de las repúblicas latinoamericanas, y sus exigencias se limitaban a obtener facilidades para establecer bases y cooperación contra las actividades subversivas de los agentes del Eje y de sus simpatizantes en Latinoamérica. En definitiva, se mantenía el trato de gran potencia a pequeñas naciones.

Alegando razones de seguridad, los Estados Unidos lograron sustituir los intereses comerciales del Eje en la América Latina por los suyos, con importantes beneficios económicos y financieros. Asimismo, incrementaron su incidencia en los sectores estratégicos de comunicaciones y servicios, y comenzaron a desempeñar un papel preponderante en el entrenamiento de los militares y de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el establecimiento de bases militares en América Latina debió superar numerosos inconvenientes y resistencias. Por una parte, los latinoamericanos veían con temor la creciente participación de los Estados Unidos en la guerra, ya que esto implicaba una amenaza para su propia neutralidad. Por la otra, se barajaron consideraciones de soberanía nacional: en Brasil el permiso se logró recién luego de tres años de negociaciones, y en Panamá hizo falta dar un golpe de Estado para designar a un gobierno sensible a las indicaciones norteamericanas. En cambio, el dictador dominicano Leónidas Trujillo ofreció desde un primer momento el territorio nacional para establecer las instalaciones armadas.

Para garantizar la cooperación latinoamericana, el gobierno de Roosevelt impulsó la cooperación económica. Los Estados Unidos necesitaban con urgencia materias primas estratégicas, y los productores latinoamericanos tenían cada vez mayores dificultades para vender sus productos. Por ese motivo, el gobierno de Estados Unidos intentó asegurar la oferta de artículos manufacturados a precios razonables, e impulsó nuevas líneas de producción latinoamericanas para las que se pudieran encontrar mercados nuevos y complementarios en los Estados Unidos o en otros países del hemisferio occidental. Para esto se constituyó, en junio de 1940, una Comisión Interamericana de Desarrollo, y se establecieron otras agencias interamericanas para la estabilización del mercado del café y de otros productos.

Los países latinoamericanos firmaron numerosos acuerdos bilaterales con los Estados Unidos para el otorgamiento de créditos, y se intentó crear un banco interamericano para promover el desarrollo; sin embargo, esta última iniciativa fracasó debido a la oposición de la banca privada y de los intereses industriales de los Estados Unidos, así como de varios gobiernos de la región.

De todos modos, pese a que la política exterior de Roosevelt mereció evaluaciones positivas, este cambio provocó gran desconfianza en América Latina: si bien la tradicional “política del garrote” parecía haber quedado en el pasado, la “buena vecindad” traía consigo una subordinación económica cada vez mayor respecto de los Estados Unidos y, en términos de política internacional, muchos países latinoamericanos se veían coaccionados a adoptar una posición cercana a la cobeligerancia y el alineamiento dentro del bando de los aliados. De todos modos, antes de Pearl Harbor (1941), los Estados Unidos no habían logrado el grado de cooperación de América Latina que hubieran deseado tener. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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