A diez años de la trágica inundación de La Plata, el silencio de Cristina, Scioli y Bruera

Alrededor de las 18.00 de ese  2 de abril del 2013, una verdadera tempestad se desató sobre el casco urbano de una ciudad que no estaba preparada para resistirla. Al llegar la noche se cortó la energía eléctrica y comenzó el pánico: el agua entraba en las casas por debajo de las puertas, y arrasaba todo a su paso en pocos minutos, hasta alcanzar en algunos casos una altura de 2 metros o más, llevándose consigo electrodomésticos, muebles y hasta a las personas que no conseguían escapar a tiempo.

Quienes pudieron se refugiaron en sus techos. Sólo funcionaban algunos teléfonos de línea. Los celulares no tenían señal. En medio de la desesperación, algunos esperaban sobre sus viviendas que amaine el temporal. Otros salieron corriendo y muchos fueron arrastrados o perecieron al interior de sus viviendas. Gritos de desesperación y sirenas que sonaban por todos lados hacían el cuadro aún más apocalíptico.

Para completar la escena de terror, por las calles flotaban cadáveres, autos, motos y bicicletas, que impactaban entre sí y con las viviendas aledañas.

El resto del país comenzó a vislumbrar lo que sucedía a la mañana siguiente. Inmediatamente organizaciones sociales, universidades y organizaciones no gubernamentales, empezaron a enviar ayuda: colchones, agua mineral, elementos de limpieza, frazadas y comida. Con un estado prácticamente inoperante, la solidaridad social intentó morigerar las consecuencias de la catástrofe.

El entonces intendente de la ciudad, Pablo Bruera, vacacionaba en Brasil y recién consiguió llegar a la Argentina a las 9.25. La indignación de los vecinos al tomar conocimiento de esto se multiplicó.

En los días posteriores comenzó a tomarse conciencia real de la magnitud de lo sucedido. Muchas familias perdieron todo. Incluso la vida. En menos de cuatro horas habían caído 392 milímetros de lluvia. Los destrozos no llegaron a inventariarse y el temor a la repetición de una catástrofe similar quedó instalada en el inconsciente colectivo.

“Esto no pasó, sino que nos sigue pasando y nos atraviesa todos los días. No es parte del pasado, lo tenemos presente siempre. Cada vez que llueve, tememos que pase otra vez”, relataba ayer un vecino recordando lo sucedido.

Además del récord de agua que cayó, hubo otras múltiples causas. La falta de planificación hidráulica, el crecimiento desaforado de la construcción provocado por un verdadero boom inmobiliario y la falta de obras para dar soluciones a la manipulación del Código de Ordenamiento Urbano hicieron el resto. A esto se sumaba que los arroyos y los causes naturales no tenían mantenimiento y las hojas caídas en los inicios del otoño y las bolsas y los restos de residuos no recogidos obstruyeron los canales, imposibilitando el desagote.

Si bien la inundación provocó daños millonarios y pérdidas irrecuperables, la Justicia cotizó la vida de los vecinos en apenas 2.500 pesos. En la ficción de juicio que se realizó apenas hubo un responsable condenado y tuvo que pagar una multa irrisoria. Sergio Ariel Lezana, funcionario de Defensa Civil de la ciudad de La Plata, aceptó su culpabilidad en 2019. “Reconozco que no he cumplido mi función como director de Defensa Civil”, le reconoció a la jueza Claudia Grecco, quien decidió aplicarle el máximo de la pena por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”; una multa de 12.500 pesos y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La decisión judicial indignó a los vecinos, que se organizaron y hasta el día de hoy siguen movilizándose y exigiendo obras para que la catástrofe no pueda repetirse.

Por entonces, los gobiernos de de Daniel Scioli y de Cristina Fernández de Kirchner decidieron cerrar el número de víctimas en 51. Sin embargo, una acción de hábeas data fue interpuesto por un defensor oficial de Responsabilidad Juvenil. La causa fue derivada al juzgado Contencioso Administrativo Nro. 2, a cargo de Luis Arias, ex juez que fue destituido y que ahora es concejal del kirchnerismo.

Arias simuló investigar tres causas: el número de víctimas; la morgue policial donde descubrieron que enterraban cuerpos sin identificar -aunque algunos incluso portaban su DNI-; y la desaparición de personas que vivían en la zona de los arroyos. Como consecuencia de las investigaciones, quedó en claro que la cantidad de víctimas había sido ocultada o tergiversada.

En su momento Arias denunció que la policía le impedía cumplir con las medidas de prueba o  entrar a la morgue. El registro de llamadas al 911 se esfumó con la justificación de que la causa había sido un microcorte de luz. Finalmente, Arias fue sometido a un jury de enjuiciamiento que lo destituyó.

El número 89 de muertos tampoco es definitivo, pero es la cifra que decidió informar la Justicia. Prácticamente todos los vecinos de La Plata la ponen en duda.

Diez años después, la política mira para otro lado. No hubieron recordatorios, ni siquiera frases de contención y de solidaridad con las víctimas y los familiares. De hecho, no existió ni siquiera un tuit por parte de los principales responsables: Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli y Pablo Bruera, quienes prefirieron invisibilizar lo sucedido. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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