Ley de Alquileres: “Acá dejamos que el mercado mande, en Europa los estados intervienen”

"Hace un par de semanas salió un trascendido desde presidencia que en una reunión entre el ministro Massa con el presidente de la Nación habían hablado de la posibilidad de derogar la ley, cosa que no es posible. Después de dos semanas fue negado el trascendido por Gabriela Cerruti", inició la cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, Magalí Zirulnikoff.

Asimismo, la especialista detalló: "Si bien evalúan que no es la mejor legislación por ahora permanece vigente y vimos en esas semanas, donde había aparecido un trascendido, que la gran parte del sector inmobiliario lo que estaba haciendo era hacer contratos fuera de la ley especulando con que la ley se fuera a derogar. Entonces, provocó un efecto en el mercado de alquileres que es negativo y produjo el incumplimiento de la ley".

En este sentido, la entrevistada precisó que "la ley prevé un plazo mínimo legal de tres años que antes era solamente para alquilar con fines comerciales y se extendió para que la vivienda tenga la misma estabilidad, justamente fundamentado en la estabilidad habitacional que está regulada por Naciones Unidas como un régimen de tenencia de la vivienda". Y señaló: "A pesar de que ese fue uno de los puntos muy discutidos del año pasado, yo participé de la comisión de Legislación General, donde varias organizaciones de sociales y también una gran parte del sector de corredores inmobiliarios, cámaras que nuclean el sector inmobiliario, habían participado de esas reuniones donde se obtuvieron dos dictámenes".

Sin embargo, contó: "Uno de estos dictámenes fue de mayoría y otro de minoría, ninguno de los dos dictámenes tiene la cantidad de apoyos legislativos suficientes para modificar la ley y habían planteado, muy pocos, esta cuestión de derogar la ley que no es constitucional sobre todo en este sentido de que el derecho a la vivienda es un derecho humano".

A su vez, argumentó desde lo legal que la cuestión se trata sobre lo que "es un derecho que mediante nuestra constitución nacional tiene raigambre constitucional donde, por un lado, lo tenemos en el 14 como derecho a la vivienda digna, uno de los derechos de la clase trabajadora y en el artículo 75 que suscribe a los tratados internacionales de Naciones Unidas, donde la vivienda digna es un derecho que tiene que estar garantizado por los estados".

Desde este aspecto, la referente de los inquilinos refirió: "Nuestro país, en los tres niveles del estado, el municipal, provincial y el nacional, tienen responsabilidad de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer este derecho. Entonces, el alquiler de vivienda es uno de los mecanismos para el acceso a la vivienda digna y no se puede ir para atrás en materia de derechos humanos".

Ante esto, Zirulnikoff aseguró: "No es legal que se baje el plazo mínimo, el plazo mínimo lo que hizo fue aumentar la estabilidad de la tenencia de la vivienda. El plazo mínimo es de tres años. Este plazo no se puede bajar porque es inconstitucional, no se puede retrotraer a un plazo menor y de por sí a todos a estos acuerdos se los trata de plantear como una voluntad libre entre las partes del sector inmobiliario, que no existe tal libertad de voluntad cuando una parte impone las condiciones del contrato y la otra solamente acepta porque esa es una característica de los contratos de adhesión donde una parte adhiere a la voluntad expresada por la otra".

En consonancia, indicó: "Los inquilinos no pueden discutir las cláusulas de un contrato y ahí es donde muchas veces se incorporan cláusulas que son abusivas, que son fuera del orden legal, que es lo que estuvieron haciendo también de la mano de que el poder ejecutivo planteó esta cuestión como un trascendido de una posibilidad de derogar, cosa que no es constitucional que lo hagan". "En Estados Unidos se tuvo que intervenir y hacer un aporte económico desde el estado para facilitar y regular las condiciones de la renta. Lo que hicieron fue subsidiar, pero no a las cámaras de construcción como se está haciendo en Argentina o al sector financiero", planteó.

Finalmente, cerró: "En Argentina pensamos el acceso a la vivienda con un régimen económico europeo con una realidad económica de un país en desarrollo latinoamericano. En Berlín el estado local le puso un límite a la cantidad de viviendas para que se le pueda brindar al sector público una parte, pero acá dejamos que el mercado mande, mientras que en Europa los estados intervienen", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

 

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