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8 de julio de 2023 | Interior

La Pampa

La Justicia duerme denuncia por corrupción contra el gobierno de Sergio Ziliotto

Se trata de Marta Pérez, arquitecta de la secretaría de Asuntos Municipales del gobierno de La Pampa, quien aprobó el inicio de un listado de obras con sobreprecios.

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El pasado miércoles una denuncia por irregularidad presupuestaria recayó en la fiscalía de Investigaciones Administrativas de Santa Rosa (La Pampa). La anomalidad monetaria fue aprobada por la secretaria de Asuntos Municipales de la provincia, Marta Pérez, por ello fue denunciada por Martín Solé, quien develó el entramado.

Según el mismo denunciante explicó a REALPOLITIK, la obra señalada es una instalación pública en el municipio de Puelches. Además, expresó que al percatarse de esta irregularidad y presentar la denuncia correspondiente, el fiscal aseguró que los que intervinieron en la situación relatada fueron "funcionarios pertenecientes a la órbita municipal y nacional", en un claro intento de desligar a la verdadera responsable y mujer de confianza gobernador Sergio Ziliotto, Marta Pérez.


Marta Pérez, arquitecta de la secretaría de Asuntos Municipales del gobierno de La Pampa.

A pesar de las afirmaciones del fiscal, la declaración jurada que dio inicio a las polémicas obras expone que fue Pérez quien dio el visto bueno para que estas avancen. "En mi carácter de arquitecta de la secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de La Pampa, informo que el ítem B.1.14.4 provisión y colocación de bocas incluye dentro del costo: cañería de PVC reglamentaria; caja rectangular de PVC; cajas octagonales; conectores; conductores; teclas; tomas; puntos: módulos ciegos; bastidores; internet; cable; teléfono; y mano de obra especializada", detalla el texto firmado y sellado por la funcionaria peronista.

Lo que denuncia Solé es que uno de esos ítems tiene un alarmante sobreprecio. Asimismo, llama poderosamente la atención que se haya resuelto un presupuesto que no tiene especificaciones técnicas tan básicas como cuántas piezas de cada ítem se necesitarán. "En este caso", ejemplifica Solé en su denuncia sobre cada boca eléctrica: "La suma presupuestada asciende a 39.984,78 pesos. Aquí es donde encuentro una anomalidad, ya que si tenemos en cuenta la fecha de la declaración jurada que data del 2020, la inflación según el INDEC anual promedio y los valores actuales de materiales y la mano de obra, no hay correlación que justifique este valor aprobado".

"Esto podría configurar un delito a mi entender en cuanto a un mal desempeño por parte de la funcionaria al aprobar los sobreprecios en el costo de los materiales y/o mano de obra, pero sobre todo en los materiales", agrega en otra línea la denuncia.

Cabe resaltar que, en cada licitación y contratación -sin importar el rubro- se detalla en renglones qué tipo de material se exige, la cantidad, calidad, cómo debe presentarse y en dónde. Sin embargo, en La Pampa las obras públicas se presentan de una manera más relajada, según se refleja en los avales firmados y sellados por Pérez.

"El problema también", sumó el denunciante, "es que en la aprobación técnica no se especifican las cantidades puntuales de lo que se compone cada boca eléctrica, (sin un toma, una llave, cuantos metros de conductos de PVC, etcétera) se ha hecho un trabajo técnico poco riguroso con una lista generalizada que posibilita la maniobra de los sobreprecios de materiales. Esto se puede consultar con un electricista matriculado: técnicamente la instalación eléctrica de una obra representa el 6 por ciento del total de la obra según mis fuentes consultadas. En este caso, para una obra de 20.828.803 pesos, el ítem B.1.14.4 (firmado por Pérez) que asciende a los 4.331.685 pesos para este caso denuncia representa el 20,7 por ciento, casi cuatro veces de los que se estima normalmente", exclama.

Antes las pruebas e irregularidades expresadas, el denunciante se comunicó con este medio para terminar de exponer los desmanejos en su provincia y concluyó: "Esto es una muestra más de cómo la fiscalía de La Pampa encubre a los funcionarios provinciales".

Por lo pronto, el reclamo descansa en la fiscalía de Investigaciones Administrativas a la espera de que el fiscal general Juan Carlos Carola proceda. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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