Por la Argentina de la paz y la verdad

La nueva problemática es la de sectores violentos organizados a través de distintos grupos que, disfrazados de organizaciones intermedias de la sociedad, son financiadas con recursos públicos y tienen como finalidad la presión sobre el sistema para obtener cada vez más fondos sin cumplir ningún estándar de transparencia ni rendición de cuentas sobre el manejo de los mismos.

Para llevar a cabo ese fin, despliegan como escudo la defensa de distintas minorías, enhebrando un relato ideológico que les de justificación y legitimidad política. Todo ello se efectúa al amparo del gobierno nacional del Frente de Todos, que pone como condición para esa entrega de fondos públicos el permanente apoyo a su favor o la persecución y hostigamiento a sus adversarios políticos (según convenga), además de perseguir y violentar a los grupos y minorías que no se suman a las acciones políticas definidas por sus cúpulas.

La perversión más grande es que lo hacen a sabiendas de que su gobierno es el responsable de una inflación del 140 por ciento anual, que ha empujado a millones de argentinos a la pobreza, en un contexto donde al emprendedor y al empresario se lo ve como un enemigo, y en aras de una supuesta distribución del ingreso que mata a la producción y el trabajo con cada vez más impuestos. Mientras algunas organizaciones sindicales como la CTA, CTERA y SUTEBA entregan a sus trabajadores, de acuerdo con lo que surge de las últimas paritarias, las llamadas organizaciones sociales kirchneristas llenan las calles de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país.

Insólitamente, no reclaman el fin de la inflación, ni tampoco un acuerdo económico y social, sino que buscan alterar la paz y el orden intentando estigmatizar a los dirigentes de la oposición como los responsables de los males que sufren los argentinos y argentinas. Prueba de ello es la escena que el kirchnerismo y su mano de obra barata, la extrema izquierda, han intentado montar en la provincia de Jujuy.

En primer lugar, han intentado usar el conflicto real del salario de los docentes jujeños pretendiendo erigirse en defensores de la educación pública. Nada dicen acerca de que el reclamo docente es la consecuencia de la pérdida del salario real por la irresponsabilidad de su gobierno, que llevó la inflación al 140 por ciento. Hacen foco en Jujuy acusando al gobierno provincial de insensible y ajustador del salario de los docentes.

Veamos: el salario inicial del docente en Jujuy, después de los acuerdos alcanzados por mi gobierno y los gremios, es desde el mes de junio de 200 mil pesos; mientras que CTERA cerró la paritaria nacional en 165 mil pesos. Lo mismo ocurrió con SUTEBA en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, insisten en agitar reclamos en Jujuy y al mismo tiempo entregan a los compañeros del resto de las provincias. Peticionar a las autoridades del Frente de Todos, jamás; movilizar y hacer desmanes en territorio bonaerense, ni por casualidad.

Todos y todas a la Ciudad de Buenos Aires y Jujuy, a estigmatizar a las otras fuerzas políticas y a hablar de dictaduras ante cualquier atisbo de poner orden democrático. En segundo lugar, han enviado abogados, funcionarios y agentes de inteligencia a las comunidades originarias, a intranquilizar y convulsionar a los pueblos con mentiras tales como que la nueva Constitución de la provincia de Jujuy los despoja de sus tierras y les prohíbe la protesta. Que ignominia: hasta que me hice cargo del gobierno, en 2015, la relación con los pueblos originarios era ejecutada a través de organismos como el “Instituto Jujeño de Colonización”, que la reforma por supuesto eliminó.

Nuestro gobierno creó la secretaría de Pueblos Indígenas y regularizó los trámites para el otorgamiento de títulos de propiedad comunitaria como nunca antes se había hecho en Jujuy. Fue nuestro gobierno el que estableció como política pública la participación de las comunidades en los proyectos que puedan afectarlos, haciendo de la consulta previa, libre e informada un procedimiento de cumplimiento permanente, y hasta garantizando su participación en las ganancias de proyectos estatales, además de la constante ejecución de obras y soluciones que mejoran su calidad de vida.

Vinieron a alterar la paz lograda porque en Jujuy, el estado provincial (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) no reconoce el corte de calles y de rutas como una modalidad de protesta, sino como un delito. Este es un nuevo problema de la democracia actual. A los riesgos de los golpes de mercado, ahora se suma otro riesgo, el riesgo del caos. El instrumento para amenazar la democracia de parte de sectores que cabalgan sobre el discurso de la exclusión es el caos. Lo vemos en Francia y en otros países del mundo en estos días.

Pero allí nadie organizó el caos, una serie de hechos desencadenó la violencia que jamás podrá ser justificada por ningún demócrata. El problema en Argentina es que el caos sí está siendo organizado, ¿adivinen por quién? No se equivocan: por el kirchnerismo. En efecto pretenden que los cortes de ruta y los cortes de calles sean despenalizados para que ellos puedan sembrar el caos sin consecuencias legales y así tener a toda la sociedad como rehén.

¿Pero para protestar por qué razón? En Francia vemos que el problema es la segregación de inmigrantes africanos. ¿Y en la Argentina? ¿Es por la Inflación de 140 por ciento? No. ¿Es por mayor salario? No. ¿Es por la educación pública? No. ¿Es por la salud pública? No. ¿Es por la seguridad pública? No. ¿Entonces por qué? ¿Entonces por qué el caos y la violencia?

Porque lo que buscan es condicionar a la democracia y a las autoridades legítimamente constituidas, porque se arrogan la representación asamblearia del pueblo, queriendo instalar que los representantes del sistema democrático y republicano son usurpadores que llegan solo por las fallas del sistema, por lo tanto, son equiparables a los dictadores. Ha nacido una nueva e insólita intención de organizar las sociedades: “La Dictadura de las Minorías”.

En esa dialéctica no sólo condicionan a la democracia y a sus autoridades; condicionan también la voluntad libremente expresada por el pueblo, generando el temor en la gente de que se puede perder la paz que tanto nos costó a los argentinos. Todos los ciudadanos y ciudadanas sabemos que el problema actual de Argentina es el desorden político, el conflicto permanente por el conflicto mismo. ¿Entonces el caos y la violencia para qué? Para aumentar la obtención de recursos y fondos públicos que quieren usar de forma discrecional y aumentar la cuota de poder que el kirchnerismo les concedió. ¿Todas las organizaciones sociales hacen esto? No.

En Jujuy tenemos la experiencia que luego de denunciar penalmente a las cúpulas de delincuentes que le robaron a los más pobres, las organizaciones sociales se depuraron y con gente honrada y bien intencionada funciona una economía social que posibilita un mayor bienestar a sectores muy vulnerables de nuestra sociedad, a través de lo cual han accedido a trabajo digno, a títulos de propiedad de lotes y viviendas, a más educación pública y más salud pública.

Esto es lo que les duele: los delincuentes a la cárcel y los dirigentes sociales honestos cumpliendo su tarea para llevar dignidad a nuestros conciudadanos excluidos. Este es el peligro que el kirchnerismo ve en el sistema que instalamos en Jujuy, porque es un modelo peligroso para ellos si lo implementamos en la Nación; encima, la nueva Constitución prohíbe el indulto en casos de corrupción y femicidio. Por eso el ensañamiento con Jujuy.

Por eso tanta violencia: si se acaba la impunidad se acaba el caos, y si se acaba el caos, se acaban sus privilegios. Hoy, desvirtuando el día de la memoria en conmemoración del Apagón de Ledesma, estas cúpulas burócratas anuncian su arribo a la provincia, para seguir intentando instalar el caos en el pueblo jujeño.

Impostores: sepan que la lucha del pueblo jujeño desde el 2015 es a través del diálogo y la paz, del respeto entre nosotros mismos, de la transformación que les cambia la vida a las personas, con más producción, más trabajo y más derechos para todos y todas. Impostores: sepan que las autoridades del gobierno han sido ratificadas con casi el 50 por ciento del apoyo del pueblo jujeño, y que la reforma de la Constitución ha sido votada por unanimidad de los constituyentes de distinta extracción política.

Impostores: ustedes no alientan ninguna lucha, ustedes alientan una desestabilización del gobierno democrático porque se les acaban sus privilegios. Impostores: no olvidamos que ustedes en el ‘83 estuvieron del lado de la autoamnistía de los genocidas, en contra de la CONADEP y en el 89 acompañaron los indultos a los genocidas. Impostores: sepan que fuimos nosotros la garantía para terminar con la impunidad de las dictaduras en Argentina, a través del juicio a las Juntas Militares.

Impostores: sepan que seremos la garantía para terminar con la impunidad de la dictadura de las minorías y garantizar la construcción de una sociedad democrática, plural y de consenso común. Lo hacemos en Jujuy y lo vamos a hacer en la Argentina, como lo hicimos siempre: defendiendo la Constitución y la ley. (www.REALPOLITIK.com.ar)

 

(*) Gerardo Morales es gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente en la lista que lidera Horacio Rodríguez Larreta. 

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