Revés judicial para el intendente Gustavo Barrera deriva en un costoso juicio al estado

De acuerdo a un informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la entidad estatal que administra el mercado de luz en la Argentina, numerosos distritos del país mantienen una cuantiosa deuda que los dejaría al borde de la oscuridad. Desde el año 2019, CAMMESA advirtió que, de no saldar la deuda que los municipios mantienen con el organismo, podrían recibir un recorte en el suministro que afectaría a gran parte de sus ciudadanos.

Entre las localidades más comprometidas se encuentra Villa Gesell, en donde la cooperativa Eléctrica, de Crédito, Vivienda y Otros Servicios (CEVIGE) adeudaba, al año 2019 y de acuerdo a CAMMESA, unos 273 millones de pesos. Sin embargo, la ecuación no sería tan simple.

Tras los reclamos de CAMMESA, la Justicia Federal fijó en el año 2019 un embargo de 193 millones a CEVIGE. En respuesta, el organismo gesellino aseguró en un comunicado que se habían tomado “distintas medidas judiciales para preservar los derechos de la cooperativa contra la arbitrariedad e ilegalidad de lo dispuesto judicialmente”.

De acuerdo a las autoridades de CEVIGE y a sus asesores legales, la cooperativa tuvo un quiebre en la ecuación económica “durante los años de administración kirchnerista”. En este sentido, afirmaron que “durante doce años no hubo aumentos de tarifas, mientras la generación y el transporte de energía continuaban aumentando. CAMMESA aplica un sistema de penalidades más intereses por mora de pago y no dieron lugar al pedido de quiebre de ecuación, asegurando que no son un organismo del estado, sino una sociedad anónima”, afirmaron los abogados de la cooperativa oriunda de Villa Gesell.

Quien se metió de lleno en la pelea fue el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera. Lejos de defender los intereses de la organización local, el jefe comunal cargó las tintas contra CEVIGE e inició una demanda penal contra el presidente y el consejo de administración de la cooperativa por administración fraudulenta en la fiscalía general de Dolores.

A pesar de las protestas de los ciudadanos, que se mostraron sorprendidos por la actitud beligerante del intendente, Barrera embistió duramente contra CEVIGE, ampliando la denuncia al menos siete veces. Entre sus iniciativas, aseguró que la deuda que la cooperativa de Villa Gesell mantiene con CAMMESA ascendería a más de 849 millones de pesos.

Sin embargo, y en un revés judicial sin precedentes, la fiscalía de Dolores decidió desestimar la causa. En la búsqueda de dar con la verdad detrás del conflicto, las autoridades judiciales libraron diversos oficios, entre ellos al juzgado federal Civil y Comercial Nro. 6 de Dolores, al INAES, a la AFIP, a la municipalidad de Villa Gesell y al juzgado contencioso de Dolores.

De las pericias ordenadas, se resolvió que “las causas del desequilibrio económico / financiero de la cooperativa se originan en un déficit operativo crónico durante el período analizado”, asegurando de este modo que no hubo una administración fraudulenta. En efecto, el informe asegura que “la cooperativa no cuenta con medios propios para modificar la situación deficitaria, ya que no puede modificar los costos ni las tarifas de la energía eléctrica, ni las escalas salariales que determinan el costo laboral”.

Las consecuencias de la resolución de la fiscalía de Dolores aún están por verse. Desde CEVIGE aseguran que presentarán una denuncia al jefe comunal que podría incluir un pedido de juicio político y buscarán, además, cobrar una deuda de 15 millones de pesos que la municipalidad les debe en concepto de energía eléctrica. Por otro lado, las implicancias legales de la desestimación de la denuncia podrían incluir un reclamo que ascendería a los 4.000 millones de pesos, que el estado debiera pagarle a CEVIGE para subsanar las consecuencias del quiebre de la ecuación económica. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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