A un año del atentado a Cristina, los encubrimientos y otros disparates judiciales y políticos

El día 6 de septiembre publiqué una nota sobre el tema: "Una de las cuestiones que más llama la atención, es cómo ignoraron los miembros del entorno de la vicepresidenta, el peligro real en el que estaba inmersa. Y ni que hablar de los integrantes del gobierno, que dispone de decenas de agencias de inteligencia y seguridad. ¿Nadie se dio cuenta de nada o acaso todos jugaron a hacerse los ciegos y sordos?".

Fernando Sabag Montiel es el nombre del asesino trunco. Al principio muchos medios pretendieron vendernos que era un “lobo solitario”. Por lo que vimos, es el único magnicidio del mundo en el cual el tirador llega a disparar a 20 centímetros de la cara de la víctima. La causa penal se encontró con que estaba de turno la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Prontamente salieron varios supuestos periodistas progres a alabar a su graciosa señoría, como el escriba Raúl Kollman de Página/12. “Doña Capu” fue la única jueza federal designada por Mauricio Macri (sí designó a varios patanes pero como jueces de cámara). Ya se sabía que guardaba estrecha relación con "glorias de la justicia" como los señores Carlos Stornelli y Julián Ercolini. También estábamos al tanto, conforme a información pública, que había dado el salto olímpico al pasar de un cuarto o quinto lugar de un juzgado, a recalar al frente de ese juzgado federal. Mis fuentes además señalaban: “No es muy querida en los ámbitos de la Justicia esta señora, pero lo más grave es que no tiene curricula en trabajos publicados, ni docencia, ni verdaderos postgrados, es decir su currículum cabe en un viejo boleto de colectivo”. Semejante nombramiento fue obra de Daniel Angelici, operador radical del macrismo, empresario del juego, que siendo hincha del club Huracán, llegó a ser presidente de Boca Juniors, desarrollando una espantosa gestión.

Momento clave a minutos del atentado fue cuando trasciende el video de los disparos frustrados, y en seguida las opiniones patéticas del desinformador Gustavo Silvestre, mostrando una foto de los custodios de CFK alabando sus trabajos. Luego de ver el video y las fotografías detenidamente, queda absolutamente claro que a CFK la “entregó la custodia”, habiendo dos ítems para poder aseverar esta gravedad. En primer término, todos los custodios dejan de proteger a la señora, quedando a varios metros de la misma, sin que exista un “escudo humano alrededor del objetivo”. Y, en segundo lugar, existió una grave cuestión temporal: demoraron una enormidad en reaccionar y el tirador tuvo tiempo para apuntar y disparar dos veces, guardar el arma e intentar darse a la fuga. Y para colmo de los disparates, la detención del tirador la realizaron los seguidores de CFK, mientras los custodios levitaban en las nubes de Úbeda.

Consulté en su momento a amigos de otros dos países, expertos en custodias. Las opiniones de los dos especialistas coincidieron absolutamente con mis conceptos. Resulta incomprensible que ni la jueza ni el fiscal Carlos Rívolo, no hayan investigado a los custodios, habida cuenta que "liberaron la zona". Y peor aún, que los letrados de CFK no lo hayan solicitado con firmeza, que se los cite a declarar y que se les retuvieran sus teléfonos celulares.

Diego Carbone es un comisario retirado de la federal y jefe hace unos cuantos años de la custodia personal de CFK. Al momento del atentado, casualmente o no, no se encontraba en el lugar. Además de los custodios policías federales, el juzgado y la fiscalía deberían haber enfocado la investigación sobre este caballero, que tiene amigos tales como el barrabrava Alfredo Di Zeo y aparentemente un patrimonio difícil de justificar. Sería importante saber si los letrados de CFK también desconocían los antecedentes de este señor.

La jueza y el fiscal se negaron a profundizar otro hilo de la investigación, por fuera de la banda de idiotas conocidos como “los copitos”. No relevaron en detalle los pagos efectuados por los Caputo Hermanos macristas al supuesto jefe copito disfrazado de carpintero, ni el tema de los carritos de copos de nieve, estacionados varias medianoches en proximidades del domicilio de CFK (ningún elemento policial ni los allegados a la vicepresidenta se dieron cuenta que los copos se venden de día mayormente a niñitos). Tampoco se avanzó judicialmente respecto de Gerardo Milman -ex funcionario y puntero de Patricia Bullrich- ni de sus secretarias / asesoras / modelos, a pesar que una declaró que su teléfono celular fue borrado en oficinas de doña “Pato”.

Parece que, transcurrido un año de encubrimientos y dilaciones, los letrados de CFK se han dado cuenta, conforme sus dichos, que van a tener que recurrir a "instancias internacionales". Asombra la lentitud de estos abogados, la tibieza y hasta parecería el poco coraje para enfrentar cuestiones de tanta gravedad. ¿Habrán pensado realmente que haciéndose los distraídos podrían torcer el brazo de una jueza que en realidad es una operadora política partidaria? ¿O que poniendo cara de buenos podrían hacer cumplir con sus funciones a un fiscal que siempre hace lo que los próceres de Py le ordenan? 

Cabe recordar, que los ataques en los medios a CFK comenzaron hace varios años y se fueron incrementando con el tiempo, de la mano de tres multimedios. A esto hay que sumarle las agresiones desatadas en las redes, incluidas distintas amenazas de muerte que se replicaron además con sus hijos. Está claro que muchos podemos bancarnos las amenazas contra nuestras personas, pero nuestros límites en general son nuestros familiares.

Las balas que no salieron de la pistola, sin dudas operaron para que CFK quedara convencida de no presentar su candidatura presidencial. Tal vez haya comprendido que ni el gobierno ni los ex jóvenes que la rodean y que le cantan que darían su vida, pueden realmente protegerla. Muy posiblemente, sus hijos siguieron recibiendo hasta ese momento nuevas amenazas. Más que comprensible su paso al costado de otra elección presidencial, alegando que se encontraba proscrita, cuando en la realidad, en términos objetivos, no pesa sobre la señora ninguna proscripción.

 

(*) Jorge O. Rodríguez es economista UBA y analista de narcotráfico.

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