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El integrante de Inquilinos en Lucha, Emiliano Monge, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) a raíz de la nueva ley de Alquileres que ya comenzó a regir. “Esto no es una disputa entre pequeños propietarios e inquilinos, es una crisis habitacional, estructural y sistémica de este régimen en el que vivimos”, aseveró.
La nueva ley de Alquileres ya comenzó a aplicarse, con una actualización cada seis meses como mínimo mediante el índice “casa propia”, cuyo registro contempla el salario de los trabajadores y la inflación. Al respecto, el miembro de Inquilinos en Lucha, Emiliano Monge, indicó: “Los mismos que hoy atacan a la ley de Alquileres fueron los mismos que en su momento, con la vieja ley, se pusieron de acuerdo y la veían como un gran avance”.
“La ley anterior era insuficiente en relación a la crisis habitacional que atraviesa el país, y no tocaba ni siquiera superficialmente la especulación inmobiliaria, que tiene que ver con el monopolio de la tierra y el lobby de la construcción”, agregó. De este modo, profundizó: “Esto no es una disputa entre pequeños propietarios e inquilinos, es una crisis habitacional, estructural y sistémica de este régimen económico y social en el que vivimos”.
En cuanto a la vigente ley, opinó: “Ahora se mantiene cada tres años la renovación de los contratos, pero los aumentos pasan de ser anuales a semestrales, lo que va en detrimento de los inquilinos. Además, los departamentos van a estar publicados en pesos y el nuevo índice pondera más la cuestión salarial que antes”. Igualmente, aclaró: “El 50 por ciento de los contratos en el mercado son en negro, es decir que la nueva normativa afecta a una parte muy reducida. También hace falta un tope para los aumentos de alquileres, porque en los contratos nuevos el propietario adosa la perspectiva de inflación a futuro”.
“Un alquiler no puede ser más del 10 o 15 por ciento de un salario familiar, es decir que, si el dinero necesario para que una familia viva es de 100 mil pesos, el alquiler no puede ser mayor a 10 mil pesos”, añadió. En este sentido, cuestionó: “Se necesita frenar y ponerles un límite a los negociados entre el lobby de la construcción y el poder político. A su vez, hay un montón de viviendas ociosas, como en la Ciudad de Buenos Aires donde viven 3 millones de personas y hay 340 mil casas sin ocupar”.
“Obligando a los dueños a poner en alquiler estas viviendas se solucionaría una buena parte de la crisis habitacional del país, aunque no alcanza”, dijo y continuó: “Por eso se necesita agilizar la oferta, poniendo un límite al capital inmobiliario, los dueños de buena parte de la tierra y de los grandes emprendimientos inmobiliarios favorecidos por los distintos gobiernos”. En tanto, apuntó: “Hay que romper con este gran negociado y poner enormes impuestos a las constructoras. Se debe privilegiar a las madres solteras, a quienes casi se les prohíbe de facto acceder a una casa; también necesitamos un plan de construcción de viviendas”.
Finalmente, Monge dimensionó: “Estamos ante una emergencia habitacional que puede generar diferentes tipos de explosiones, ya conocemos las ocupaciones de terrenos y las protestas por la lucha por la tierra”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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