El “pacto del AMBA”: ¿El inicio de una “guerra total” entre los gobernadores?

Las provincias argumentan ser discriminadas en el reparto. La de Buenos Aires, en cambio, recuerda el saqueo que en su momento le impuso Raúl Alfonsín: en tanto que la provincia genera el 35 por ciento del PBI, el 40 de la recaudación de impuestos coparticipables, el 36 de las exportaciones nacionales y 50 del valor agregado industrial, sólo recibe el 22 por ciento de la coparticipación.

El transporte, la luz, el gas y el agua son mucho más caros en las provincias del interior que en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Y el chorro de las transferencias discrecionales beneficia a todas, aunque de manera diferencial. Mauricio Macri incrementó considerablemente las transferencias a la CABA y la de Buenos Aires necesariamente debe ser abastecida de este modo, ya que sería imposible impedir la catástrofe social devolviéndole apenas la mitad de lo que produce a través de la coparticipación.

Los gobernadores del resto de las provincias, sin distinción de signo político, tratan de que Milei se decida a detonar el denominado 'pacto del AMBA', a cambio de aportarle votos indispensables en el Congreso. En tiempos de duro ajuste de cuentas, el sálvese quien pueda se impone. Pero también aquí aparece un problema de gobernabilidad: en caso de conseguir su objetivo, el fantasma de los saqueos de 2001 podría repetirse antes de que cante un gallo.

Según un estudio de la fundación Mediterránea sobre subsidios al transporte, el AMBA recibió en el primer semestre de este año alrededor de 48 mil pesos por habitante. En el resto de la provincia de Buenos Aires fue de 133 pesos. En La Rioja y Santiago del Estero alcanzó los 600 pesos por habitante y en Tucumán y Salta, 2 mil pesos por cabeza.

En el mismo período, Corrientes y Chaco ingresaron 950 pesos; Formosa, 607 pesos; Mendoza recibió 1109 pesos; San Luis, 1.273 pesos; y San Juan, 3186 pesos. En la Patagonia, Neuquén percibió 1.487 pesos por habitante; y Santa Cruz, nada más que 14 pesos por habitante. Un reparto similar se produjo en servicios tales como electricidad, gas, agua y transporte, que significan más del 90 por ciento del total de los gastos en subsidios del presupuesto nacional.

La enorme inequidad en las sumas recibidas por cada una se explica por distintas causas. Las grandes distancias que deben recorrer los trabajadores del Conurbano para concurrir a sus trabajos; la apropiación por parte del estado nacional de la mitad de lo producido por la provincia; que muchas provincias reciben mucho más de lo que producen; y que el Conurbano es el depósito del ejército de pobres y desocupados que no consiguen ocupación en sus lugares de origen.

También se suma otro elemento adicional: la capacidad de negociación política de cada una. Daniel Scioli y María Eugenia Vidal compartieron el signo político del gobierno nacional cuando les tocó actuar, pero no tuvieron demasiada fortuna con las transferencias extraordinarias. Axel Kicillof, en cambio, fue el más beneficiado.

El gobierno de La Libertad Avanza que asumirá el próximo 10 de diciembre cuenta con una dotación de bancas propias en el Senado y en la Cámara de Diputados que le exigirá celebrar acuerdos con las otras fuerzas políticas y los gobernadores para obtener el quórum y los votos indispensables para la aprobación de sus proyectos. Pero deberá ensayar un cuidadoso equilibrio para garantizar la gobernabilidad en el caso de que se decida a desfinanciar al Conurbano bonaerense. El jueves pasado, en la Unión Industrial, Axel Kicillof lanzó la advertencia: “La política respecto de la obra pública es lo que va a resolver la relación de mi gobierno con el gobierno nacional. Yo tengo la obligación de defender los intereses de la provincia y de su aparato productivo. El privado no resuelve todo”.

La existencia de gobiernos de signo político diferente en nación y provincia ha sido poco frecuente. Sólo se dio en 1999, cuando Carlos Ruckauf ganó la elección en la provincia, pero Fernando de la Rúa ganó la presidencia. Fueron sólo dos años hasta que Ruckauf fue a Cancillería y lo sucedió Felipe Solá en la provincia.

En La Plata se preparan para lo peor. Volverán a pedir la sanción de una nueva ley de Coparticipación, como todos sus predecesores, y chocarán con el mismo escollo de siempre: es necesaria la unanimidad de aprobación de las demás para su rediscusión, y hay muchas que hoy reciben más de lo que producen que no están dispuestas a perder ese beneficio.

El miércoles pasado, Javier Milei amenazó con cortar las transferencias discrecionales: "¿Cómo hago para darles plata que no tengo? ¿O vamos a seguir falsificando dinero para estafar a los más vulnerables?", se preguntó. Pero esos interrogantes encubren otra estafa: las pautas discrecionales que fijó oportunamente Alfonsín para, en su momento, congraciarse con los gobernadores no radicales. Ahora la bomba de tiempo podría estallar.

El pacto de San José de Flores, firmado en 1859, habilita a la provincia de Buenos Aires a emitir su propia moneda. ¿Será esta la solución para financiar al primer estado provincial argentino si no prosperan otros canales de negociación? ¿Volverán los saqueos? El panorama es turbio y requerirá de templanza y pragmatismo para evitar desbordes de consecuencias inimaginables. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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