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22 de diciembre de 2023 | Nacionales

Mega DNU

Javier Milei provoca el repudio social, el rechazo legislativo y una movilización de la CGT

Este 20 de diciembre, el gobierno de Javier Milei intentó arrasar la vigencia de la constitución nacional, clausurando el poder legislativo, para así asumir sus facultades y avanzar en la conquista de la suma del poder público.

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por:
Alberto Lettieri

La fecha elegida para impulsar semejante agravio a las instituciones de la democracia no es aleatoria, ya que no sólo remite a los sucesos de 2001 que pusieron fin al gobierno de Fernando de la Rúa, con un costo de casi cuarenta muertos civiles, sino también de otra fecha histórica para la historia argentina. Un 20 de diciembre de 1945, el coronel Juan Domingo Perón, desde la  secretaría de Trabajo y Previsión, impulsaba la aprobación del Instituto Nacional del Salario, que fue refrendado por el presidente Eduardo Farrell a través del decreto 33.302. que fijaba el salario mínimo e instituía el sueldo anual complementario o aguinaldo. 

A través de un megadecreto, el gobierno de Javier Milei pretendió aplastar las disposiciones constitucionales y liquidar la institucionalidad argentina, para imponer un proyecto de saqueo, concentración de la riqueza, extranjerización y exclusión social inédito en nuestro país. Ni la dictadura cívico militar se animó a ir tan lejos. Pero semejante agravio a la democracia no pasó desapercibido: la sociedad inmediatamente comenzó a expresar su repudio a través de sus clásicos cacerolazos –como los que tumbaron a Domingo Cavallo y, poco después, a Fernando de la Rúa en 2001-, los expertos constitucionalistas coincidieron en dictaminar la inconstitucionalidad absoluta del DNU, y, progresivamente, amplios sectores de la política y de las organizaciones sociales sumaron sus voces.

A excepción de un sector radicalizado del Pro, el resto de las fuerzas legislativas manifestaron su rechazo. El apoyo del macrismo extremo se entiende porque el proyecto fue elaborado por Federico Sturzenegger para una eventual presidencia de Patricia Bullrich. Milei llegó a la presidencia sin equipo, ni programa ni experticia institucional alguna, y se dedicó a convocar a cuadros políticos y corporativos que se le ofrecieron. Por eso la política económica de este gobierno no tiene nada que ver con su discurso de campaña, y sus laderos más fieles de sus tiempos libertarios fueron eyectados.

La primera señal de ese autoritarismo se vio en el acto de asunción presidencial, cuando el nuevo presidente se negó a dar el tradicional discurso a la asamblea legislativa, para dirigirse a los pocos que respondieron a su convocatoria de espaldas al Congreso Nacional. También se comprobaba en sus invitados personales, Jair Bolsonaro y el ucraniano Vladimir Zelenski, a quienes la sola idea de democracia les provoca ictericia.

Si bien aún no hay unidad de criterios respecto de qué hacer respecto del megadecreto, las mayorías argentinas han manifestado su total desacuerdo. Cautelosos, la UCR y Cambia Federal han propuesto que se retire y que se envíe como proyecto de ley para su tratamiento legislativo, para evitar contrastar con el antecedente de que, hasta ahora, ningún DNU fue declarado inválido por ambas cámaras, única forma con la que cuenta el Congreso Nacional para impugnar este tipo de decisiones.

También queda disponible la opción de que la Corte Suprema imponga un per saltum para declararlo inconstitucional, alternativa sobre la que advirtió el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, la noche previa a la aparición del grosero megadecreto. Sin embargo, si bien ya se han registrado varios recursos judiciales para invalidarlo, el documento oficial no ha entrado aún en vigencia, ya que sus autores se “olvidaron” de aclarar en su texto su condición de cumplimiento inmediato. Queda, entonces, una semana para activación, salvo que el gobierno decida modificarlo por un nuevo DNU.

Lejos de hacer oídos a la reacción popular, Milei afirmó que los argentinos sufrimos síndrome de Estocolmo y por eso nos aferramos a un modelo empobrecedor, y que avanzará con nuevos proyectos que enviará al Congreso, para lo que convocará a sesiones extraordinarias.

Ante el reclamo social y la burda ilegalidad del DNU, la CGT decidió hacer diversas presentaciones judiciales y convocó a una movilización para el próximo miércoles 27 de diciembre al palacio de justicia para acompañar la entrega de esos escritos.

Con la ley en la mano y la discusión en los términos que dispone nuestra constitución podrían haberse discutido democráticamente las iniciativas oficiales. Un DNU de estas características no sólo viola las normas vigentes, sino que sólo deja la alternativa de la aprobación o el rechazo, propio de las conductas autoritarias.

En una democracia no se gobierna con chantajes y con amenazas o con el ejercicio directo de la represión como método. Este miércoles 20, por ejemplo, la movilización de la izquierda motivó la sanción de un protocolo antipiquete que no sólo contradice las normas vigentes, sino que también fue repudiado por las Naciones Unidas. El gobierno nacional celebró la nada misma: no se trataba de piquetes sino de un acto público, en su transcurso terminaron confrontando los ministerios de Seguridad de Nación y de la CABA cuando los efectivos federales provocaron y reprimieron a los manifestantes, cuando hasta allí todo estaba en orden. Y, por si fuera poco, el megadecreto de Milei promovió múltiples piquetes y cortes en todo el país, y no de la izquierda sino de las clases medias urbanas espantadas no sólo ante la violación de las formas legales sino de las consecuencias concretas de las medidas que allí se impulsan.

La mayoría de los argentinos quieren un cambio, pero dentro de la democracia. El presidente y su círculo áulico debería comprenderlo. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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