La derogación de la ley de Tierras y el negocio del agua dulce

La mayoría de los anuncios confrontan frontalmente con el discurso de campaña de Javier Milei. De este modo, la “casta” terminó siendo el pueblo; su promesa de cortarse una mano antes de imponer nuevos impuestos llegó al punto de impulsar la reversión de la carga sobre Ganancias que había respaldado dos meses atrás; su compromiso de dejar de emitir moneda contrasta con la impresión de 1,5 billones de pesos, un 17 por ciento de la base monetaria que alimenta el proceso inflacionario, para adquirir casi 2.000 millones de dólares durante la semana que pasó. Podría continuarse casi indefinidamente con el señalamiento de estas contradicciones: detrás de cada artículo del cuestionado DNU está oculto el nombre de una corporación beneficiaria con el “fin de las regulaciones”.

La derogación de la ley de Tierras ha sido una de las más cuestionadas. La norma prohíbe la venta de propiedades que contienen o son ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. En caso de que los contenidos del mega el DNU terminen imponiéndose, acuíferos, ríos, humedales y lagos corren serio riesgo.

La mencionada ley limita la venta a extranjeros, pero también prohíbe explícitamente hacerlo si la propiedad contiene o es ribereña de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Con la eliminación de esta norma, queda abierto el camino para la apropiación extranjera del agua dulce nacional. De este modo, las corporaciones podrían apropiarse de los grandes esteros del Litoral y la Mesopotamia, de los ríos de planicie y de montaña, de los humedales, de los lagos, nacientes y glaciares patagónicos. También de las tierras donde se encuentran las zonas de recarga de los acuíferos, como el Guaraní y el Puelche.

Otros activos sujetos a apropiación privada serían los Humedales Altoandinos, ubicados en los desiertos del altiplano al oeste de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Son grandes oasis ubicados en medio del desierto árido de la puna, que constituyen fuentes irremplazables de agua y alimento para la vida silvestre y los asentamientos humanos. Desde hace mucho tiempo esos ecosistemas vienen siendo afectados por el avance de la actividad minera. Ahora recibirían la estocada final.

Florencia Gómez, ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, indica que “en términos legales el agua es un bien de dominio público que está por fuera de la apropiación privada. Legalmente nunca puede ser extranjera, pero sí el acceso al agua puede serlo”.

“Con un esquema como el de Joe Lewis en Lago Escondido, se terminan adueñando igual; la clave aquí es quién controla el acceso al agua”, amplió. El inglés Lewis conformó un ejército parapolicial amparado por el gobierno de Río Negro y por el poder judicial, con el que impide por la fuerza el acceso al lago. En consecuencia, aseguró Florencia Gómez, “la derogación de la ley de Tierras viene con la extranjerización del agua. Materialmente, y de hecho se está extranjerizando”, concluye. Ahora el trámite de apropiación sería mucho más sencillo.

Este proceso ya está en marcha, por lo que la eliminación de la ley vigente sólo permitiría acelerarlo. En San Carlos de Bariloche, en Río Negro, ya se ha excedido el límite del 15 por ciento de la tierra en manos extranjeras, llegando a un 22 por ciento. Se trata de una zona estratégica, en la que se ubican las nacientes de los ríos, los glaciares y los lagos en zona de seguridad de frontera.

Fernando Kosovsky, del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), ejemplifica con el caso del inglés Joe Lewis: “Acá tenemos un extranjero que controla territorialmente un paso internacional con seguridad privada armada, sin que haya control del estado. No sólo no se controla al privado, sino que no se protege a la población argentina. Es un error geopolítico y una pérdida de soberanía”.

El mes pasado, la Inspección General de Justicia impidió que una organización norteamericana -la fundación Humedales, del multimillonario Paul Tudor Jones-, adquiriese 1,2 millones de hectáreas en el macrosistema Iberá, en la provincia de Corrientes. Para nada casualmente el intermediario era el estudio jurídico Allende-Ferrante, que representa nada menos que a Joe Lewis.

El mega DNU de Milei lleva al extremo la iniciativa impulsada en 2016, también por decreto de necesidad y urgencia, por el ex presidente Mauricio Macri, que modificó los términos de la norma que impedían la extranjerización del agua. Macri facilitó al extremo su tramitación, y esta decisión no mereció cambio alguno durante la gestión de ex presidente Alberto Fernández.

De este modo, y no sólo en el caso de la ley de Tierras, Javier Milei lleva al extremo estas políticas, con la celeridad requerida por el fundador del Pro. Por más que siga hablando de casta y de libertarismo, el programa y los responsables de su aplicación provienen de la órbita de esa orbita. La “nueva era” de la Argentina no es sino aquella obsoleta y senil, que condujo al endeudamiento, el empobrecimiento y la decadencia de nuestro país con un nuevo envase discursivo. O no tan nuevo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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