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10 de enero de 2024 | Judiciales

Armado de causas judiciales

Tras la confesión de la fiscal Farrán Serlé, denuncian asociación ilícita de funcionarios

El escándalo por los audios de la fiscal Aída Farrán Serlé reconociendo que el Policía Juan Pablo Fernández preso por el caso Móttola es inocente llueven las denuncias.

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La conmoción sobre el armado de causas en Santiago del Estero sostenida en una connivencia politica, judicial y policial para el armado de causas a inocentes, estalló tras la filtración del audio de la fiscal Aída Farrán Serlé donde confirma que el policía Juan Pablo Fernández, detenido desde hace más de cuatro años con prisión preventiva y sin fecha de juicio oral aún, es inocente. Ahora, trascendió la denuncia contra el juez Darío Alarcon, el fiscal coordinador Julio Mariano Gómez y la fiscal Aída Farrán Serlé quienes llevaron durante años a cabo investigaciones de los “narcos VIP” en la provincia. Además, en la causa iniciada se menciona también a la jueza Rosa Falco, letrada que llevó adelante el caso de Marito Salto.

La denuncia se presentó ante el Consejo de la Magistratura, donde el objeto señalado es “omisión de debéres, denegación de justicia e incumplimiento de los debéres de funcionario público”.

El caso tiene como génesis un conflicto de posesión de tierras en el interior de Santiago del Estero, más precisamente en el departamento Pellegrini. Donde se argumenta un retardo injustificado llevado a cabo en distintas etapas del proceso judicial, una de aquellas denuncias fue realizada en el fuero penal del ex juzgado de Instrucción en lo Criminal y en lo Correccional de 5ta. nominación, que data del año 2015, a cargo de la jueza Falco.

Siguiendo esta línea, el documento señala además una “negativa sistemática a cualquier planteo o pedido realizado”, mansillando las garantías constitucionales y que responde directamente a una “maniobra compleja en procuras de apropiarse ilegitimamente de inmuebles en todo el territorio de la provincia”. Proceso que sería facilitado por una compleja red ilícita, de la cual formarían parte tanto empleados de distintas oficinas de la administración pública (Archivo de la Provincia, Registro de la Propiedad, Dirección de Catastro, etcétera), empresarios cuyo rol es “reinsertar el inmueble en el mercado legal para su venta”, escríbanos (se menciona a Edmundo Alberto Gómez y Ana Lía Terzano de Gómez) y funcionarios judiciales de alto rango, cuyo rol sería determinante para la existencia de tal asociación.

La denuncia fue realizada por el doctor Edgardo Taboada, que luego de numerosas presentaciones ante la justicia santiagueña, vislumbró un posible entramado ilícito. Se vio, entonces, obligado a presentar cargos por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura.

De esta manera la confirmación del armado espúreo de la causa Móttola, donde la fiscal Aída Farrán Serlé en el escandaloso audio admite que ella sabe cuál era la línea investigativa a seguir (la pista narco), que además de lo vergonzoso de cómo llegaron al policía Fernández para inculparlo, el oficial es inocente, se ha constituido en la punta del iceberg de una escalada de denuncias contra la asociación ilícita que estaría conformada por el juez Darío Alarcón, el coordinador de fiscales Julio Gómez, la fiscal Aída Farrán Serlé y la jueza Rosa Falco, entre muchos otros funcionarios judiciales. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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