El recuerdo de Paulina Lebbos y la impunidad en Tucumán

El 26 de febrero de 2006 hacía un calor de infierno en San Miguel de Tucumán y la dignidad de la ciudad empezó a arder por Paulina Lebbos, una chica de veintitrés años que esa noche salió a bailar con amigos para festejar un final aprobado en la facultad y nunca volvió a ser vista.

Su cuerpo fue encontrado dos semanas después sobre la ruta 341, a treinta kilómetros de la capital tucumana, roído por la descomposición y con rasgos espantosos como el cuero cabelludo arrancado, las huellas digitales lijadas y mutilaciones en la boca y la vagina. La tuvo que ir a reconocer su papá, Alberto, que era subsecretario de Juventud de Tucumán y renunció a los pocos días por las implicancias del poder tucumano en el caso. Los peritos dictaminaron que murió estrangulada.

La causa pasó por varios fiscales y más tarde se comprobó la adulteración de actas y el descuido de pruebas. Paulina había subido a un remis con una amiga que bajó primero. La investigación debía develar entonces quién o quiénes la capturaron camino a lo de su novio, adonde nunca llegó. 

Algunos testimonios involucraron a Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk. Eran los hijos de José, entonces gobernador provincial, y Alberto, uno de sus hombres de confianza, con pasado en la policía y procesamiento en una causa de reventa de mercadería decomisada en operativos por la que estuvo prófugo y luego purgó una condena de apenas de cuatro meses.

La investigación (que acumuló 3 mil hojas y se dividió en tres causas) marchó siempre dispersa, hasta que un fiscal acusó a diversos policías y ocurrió lo insospechado: una caravana de acusaciones cruzadas amplió la trama del hecho, irrigándose por autoridades policiales y provinciales hasta llegar a la cabeza máxima, la del Alperovich.

Hubo varios condenados, aunque diversas tretas judiciales les permitieron evitar la prisión efectiva. El único detenido, Roberto Luis Gómez, fue liberado el último día de 2016. El electricista estuvo tres años en cárcel, pero de manera preventiva y sin fecha de juicio, como la amplia mayoría de los presos en Argentina. El fiscal lo había acusado de tener el celular de Paulina apenas una hora después de su desaparición. La corte tucumana lo liberó a cambio de una serie de requisitos, entre ellos una fianza de medio millón de pesos. En su barrio lo recibieron con carteles y hasta baile en la calle. 

Luego de ello, el 25 de febrero de 2019, un tribunal conformado por los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macorrito condenó a seis años de cárcel al ex secretario de seguridad Eduardo di Lella y al ex jefe de Policía, Hugo Sánchez; a cinco años y medio al ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera, y a cinco años de prisión al ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito. El ex policía Waldino Rodríguez recibió una pena de tres años de prisión condicional.

Sin embargo, los jueces solicitaron remitir la sentencia a la fiscalía para ampliar la investigación y determinar la participación en el crimen de otras personas y fue funcionarios. Mientras tanto, en muchas partes de Tucumán sigue sonando una música espantosa: la que silencia la muerte impune de Paulina Lebbos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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