
Legislativas
La debacle en la gestión del Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, cuya máxima autoridad recae sobre la figura del ministro Andrés Larroque, se agrava día tras día.
Por estas horas, fuentes del gobierno bonaerense dan por hecho la salida de Germán Urman como director del Organismo de Niñez y Adolescencia (OPNyA). En su lugar asumiría Andrea Cáceres, otra camporista de paladar negro. Se dice que después de esta salida, el resto de los cargos jerárquicos correrá la misma suerte.
Tras cuatro años de gestión en los que no se ha hecho más que acelerar el deterioro que padece el sector, las noticias de fugas, motines, tomas de rehenes, muertes y violaciones, han acumulado más de un centenar de artículos solo en este medio. Las novedades abarcaron desde el rescate de reos armados hasta fugas masivas, denuncias penales por malversación de fondos públicos, defraudación al estado y la alarmante connivencia gremial que juegan en ambos lados del mostrador.
El variopinto de desmadres y desaguisados que evidencia la cartera, propiciados por el manejo conjunto entre La Cámpora y ATE, es difícil de enumerar. Aunque sin dudas constituye la fórmula perfecta para un cóctel que arroja saldos de inseguridad alarmantes en todo el territorio bonaerense. Con un suntuoso presupuesto de 26.300 millones de pesos -sin actualizar al 2024-, los resultados son inexplicablemente malos.
Ahora, los trascendidos en torno a eventuales cambios de autoridades son confirmados por todo aquel que es consultado off de record. Sin embargo, nadie se anima a hablar pública o abiertamente por miedo a represalias.
Para el caso, el gremio ATE -mayoritario en la provincia-, que debería ser el que defienda a los trabajadores, es parte central en la conformación de esta gestión poniendo y sacando directores del organismo a total antojo, sosteniendo a quienes les responden incondicionalmente para reemplazarlos por otros incondicionales cuando la situación se torna insostenible. Tal es el caso de los directivos del centro de menores de Pablo Nogués que permanece cerrado hace más de un año por el rotundo fracaso de la gestión, al que han maquillado con una remodelación millonaria que para nada condice con la realidad y se presumen evidentes sobreprecios. Lo cierto es que los directivos respaldados por ATE han seguido cobrando sus cargos en un instituto fantasma, ya que en ese lugar no se aloja a ningún menor hace ya más de un año. Muy a pesar de ello, ahora se disponen a reemplazarlos por otros en un claro gesto de gatopardismo: cambiar para que nada cambie.
Las irregularidades que se suscitan en este ámbito ameritan una rauda intervención judicial. El deterioro no es sólo edilicio.
Los trabajadores han perdido poder adquisitivo sistemáticamente durante años, pero el desgaste y desanimo general de la planta estable del sector por lo complejo y estresante de la tarea ha llegado a límites insostenibles, que se traducen también en parte de la causa del desbarajuste imperante (el famoso síndrome de “burn out”). A raíz de ello, hace dos años y en plena pandemia, el organismo incorporó personal, aunque poco y hasta con antecedentes penales: algo así como poner al zorro a cuidar el gallinero.
Como muestra del descontrol solo basta un ejemplo reciente. En solo algunos días, uno de los jóvenes alojados en el centro de menores de Virrey del Pino está por cumplir 27 años (Hernán L.). Su caso es paradigmático por haber mantenido un affaire con una trabajadora de aquella camada de incorporados, cuando decidieron poner a mujeres al cuidado de masculinos y viceversa.
Trabajadores del OPNyA aseguran que la tarea es fácil: se trata de diferenciar complicidades, responsables e incompetentes. Porque incluso ante el reclamo de incorporación de personal para el sector, la respuesta de las autoridades fue que no era factible, aunque según ha trascendido el gobernador Axel Kicillof aumentó la planta de trabajadores del estado bonaerense en cifras siderales. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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