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17 de abril de 2024 | Nacionales

Corredores Viales

Peajes: Denuncia por corrupción contra la administración Milei

Dos áreas bajo la jurisdicción del ministro Luis “Toto” Caputo son sospechadas de extender un contrato vencido desde 2002.

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Se ha presentado una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la supervisión del juez federal Julián Ercolini. La denuncia aborda explícitamente presuntas irregularidades dentro de la dirección nacional de Vialidad y la empresa estatal Corredores Viales SA, en relación con la extensión del contrato de concesión de peajes para el corredor Vial 18, vencido desde 2002 según los términos originales.

La denuncia fue presentada por Jorge Zatloukal, un ciudadano preocupado que también integra el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). Zatloukal afirma una pérdida financiera significativa para el estado, ya que Caminos Río Uruguay SA continuará cobrando peajes en rutas nacionales clave como la 12, 14 y el enlace Rosario Victoria, crucial para el intercambio comercial dentro del MERCOSUR.

Zatloukal destaca en la denuncia que "la prórroga fue aprobada por la resolución 144 de Vialidad Nacional, emitida el 8 de abril, justo un día antes de la expiración del contrato", cuestionando el único argumento presentado de que no había operadores disponibles y esta conclusión se alcanzó sin una licitación pública previa.

Además, se señala que la empresa Corredores Viales SA inexplicablemente no asumió la responsabilidad de la continuidad de la concesión y la recaudación de peajes, a pesar de estar obligada a hacerlo según su estatuto corporativo establecido en 2017 por decreto 794.

Zatloukal afirmó que "podríamos estar siendo testigos de una maniobra destinada a beneficiar al concesionario, con retrasos sospechosos en el proceso de licitación. Tales acciones van en contra de la transparencia que debería regir los contratos públicos y la continuidad del monopolio, contradiciendo el discurso oficial de un mercado libre. Además, constituiría una violación de la ley de Defensa de la Competencia, ya que la extensión restringe la libre competencia".

Finalmente, se enfatiza en que estos eventos, junto con otros previamente detallados por un organismo altamente calificado como la auditoría General de la Nación, podrían constituir prima facie violaciones de varios artículos del código penal. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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