Escándalo en Mercedes: La concejal que acusó al camporista Juan Ustarroz se arrepintió

Un conflicto de proporciones bíblicas estalló en el pequeño municipio de Mercedes. El polémico piquetero Juan Grabois, que actualmente se encuentra arrinconado por la Justicia en numerosas causas, y tres funcionarios del ex presidente Alberto Fernández, fueron denunciados penalmente por diversos delitos relacionados a irregularidad en la construcción y entrega de viviendas.

Quien llevó adelante la denuncia penal fue el abogado Jorge Luis Vitale. De acuerdo al letrado, tanto Grabois como los funcionarios Anabel Sagasti, Jorge Tanus y Fernanda Miño, utilizaron fondos públicos del fideicomiso del Fondo de Integración Social Urbano (FISU) para beneficio propio.

En concreto, se trata de los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, negociación incompatible con la función pública y violación a los deberes de funcionario público. De acuerdo al documento expuesto ante la Justicia, una auditoría gubernamental habría detectado que, de las 6.617 obras que el estado asignó a través del FISU, sólo se concretaron unas sesenta.

La noticia había sido anunciada desde REALPOLITIK a comienzos de año y luego levantada por medios nacionales, desde donde elaboraron una investigación desde el municipio de Mercedes, que fue señalado como uno de los protagonistas en el gigantesco desfalco que, a nivel nacional, superaría los 1.200 millones de dólares. De acuerdo a los reportes, quienes habrían protagonizado el escándalo y la misteriosa desaparición del dinero público no serían otros que Gerónimo Ustarroz, hermano del intendente mercedino Juan Ustarroz y hermano de crianza de Wado de Pedro, y el dirigente piquetero Juan Grabois. De éste último, además, se detectó una ostentosa chacra que estaría siendo utilizada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

El periodista Luis Majul señaló a Mercedes como epicentro del conflicto. Hasta allí se dirigió uno de sus noteros, que mostró unas calles trazadas sobre un campo donde debiera estar el desarrollo financiado por el FISU. Las obras fueron evidentemente paralizadas y los pastizales fueron ganando terreno sobre las cunetas de hormigón. Tanto para Majul como para su equipo de producción, éste fue motivo suficiente como para dar por sentado que el trabajo no se había hecho y que el dinero, en efecto, había desaparecido.

Débora Lacasa.

Horas después, desde el municipio que dirige Ustarroz se publicó un duro descargo, en el que aclaró que las obras no continuaron porque el gobierno nacional paralizó las transferencias a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumió en la presidencia Javier Milei. Horas después, la concejal Débora Lacasa, la misma que protagonizó el informe de Luis Majul, se desdijo de sus aseveraciones y aseguró que no existió fraude alguno. Incluso, señaló a la empresa BDH como una de las culpables del notable retraso. "Esta empresa ya no debería participar en ninguna licitación más, porque justamente uno de los motivos para no adjudicar a una empresa son los antecedentes de incumplimiento de las obras", explicó. 

En efecto, Lacasa realizó nuevas declaraciones en las últimas horas, advirtiendo que las hacía "a título personal". En las mismas, aseguró sentirse sorprendida por el escándalo mediático que produjeron sus palabras y, finalmente, afirmó haber corroborado que las obras de agua y cloacas estaban terminadas en un noventa por ciento, mientras que los cordones se habían plantado en un 25 por ciento. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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