Batalla Judicial: Municipio de Mar del Plata deberá pagar vacaciones no gozadas a ex funcionarios

La disputa legal iniciada por el intendente Guillermo Montenegro en 2022, con el objetivo de evitar el pago de vacaciones no gozadas al exintendente Carlos Arroyo, ha enfrentado un nuevo revés para la administración municipal. La Suprema Corte de Justicia ha rechazado un recurso de queja, confirmando así que se deberá abonar la suma correspondiente a los herederos del exjefe comunal.

El conflicto se remonta a 2020, cuando Carlos Arroyo, apenas 20 días después de concluir su mandato, presentó una solicitud ante la Municipalidad para reclamar el pago de vacaciones no disfrutadas durante los cuatro años de su gestión. A principios de 2021, Montenegro, respaldado por un dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica, rechazó la petición argumentando riesgos de abuso en el uso de licencias para luego exigir indemnizaciones excesivas. Esta decisión se extendió a otros funcionarios que realizaron reclamos similares.

La negativa inicial de Montenegro desencadenó múltiples acciones legales que, consistentemente, han fallado a favor de los demandantes, obligando al Municipio a cumplir con los pagos reclamados. Tanto el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 y 2 como la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo ratificaron esta obligación.

En respuesta a las sucesivas derrotas judiciales, Montenegro anunció en noviembre de 2022 su intención de apelar ante la Suprema Corte para revertir las decisiones. Sin embargo, recientemente, los jueces de la Suprema Corte Daniel Soria, Hilda Kogan, Sergio Torres y Luis Genoud rechazaron un recurso de queja presentado por Montenegro, consolidando así la obligación del pago de las vacaciones no gozadas.

Con esta determinación judicial, conocida y difundida en el mes de junio, el gobierno municipal deberá desembolsar $679.366,36 a los herederos de Carlos Arroyo, correspondiente a las vacaciones no disfrutadas en 2018 (21 días) y 2019 (19 días). Esta resolución se suma a otro fallo similar de la Suprema Corte en agosto de 2023, que desestimó otro recurso de queja presentado por Montenegro en el caso de otro exfuncionario.

Aunque queda pendiente un recurso extraordinario que afecta a seis exfuncionarios más, el fallo actual subraya un enfrentamiento persistente entre el gobierno municipal y los reclamantes, reflejando tensiones en torno a la aplicación de normativas administrativas y los derechos adquiridos por los exservidores públicos.

Este desarrollo legal no solo marca un hito significativo en la resolución de disputas administrativas locales, sino que también resalta la importancia de la justicia como árbitro en controversias de índole institucional en Mar del Plata. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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