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13 de junio de 2024 | Interior

Más de un millón de dólares

Jaldo aprendió de Manzur: En Tucumán se realizó una nueva compra de chalecos blindados con sobreprecio

Recae otra investigación sobre una nueva compra de equipamientos.

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La reciente adquisición de chalecos antibalas por parte del gobierno de Tucumán ha suscitado polémica debido a un presunto sobreprecio de un millón de dólares, evocando cuestionamientos similares a los de una compra realizada en 2018 bajo la administración de Juan Manzur.

En 2018, el entonces gobernador Manzur autorizó la compra de pistolas Jericó a Israel por un costo de 950 dólares cada una, en un proceso que también incluía la adquisición de chalecos y otros equipos. Sin embargo, la empresa Bersa había adquirido ese mismo modelo de pistola a 395 dólares por unidad para el mercado civil. Esta discrepancia, evidenció un significativo sobrecosto que nunca fue adecuadamente justificado.

Compra de Chalecos Antibalas en 2024

En abril de este año, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, enfrentó críticas al decidir la compra de 4500 chalecos antibalas RB3 por 1200 dólares cada uno, a pesar de haber recibido una oferta más baja de 1000 dólares por unidad. La diferencia de 200 dólares por chaleco resulta en un sobrecosto total de 900 mil dólares, una cifra considerable que podría haberse destinado a otros recursos para la policía provincial.

El proceso de licitación, que comenzó el 4 de abril con el expediente Nº73-213 D-2024, recibió ofertas que oscilaban entre 1000 y 1200 dólares por chaleco. Aunque las características técnicas de ambos productos eran prácticamente idénticas, la empresa Delta V SA ofrecía una garantía más extensa, un aspecto que ha sido cuestionado debido a la vida útil estándar de cinco años de estos equipos.

Investigaciones y Denuncias

Actualmente, la licitación se encuentra bajo revisión del Tribunal de Cuentas de Tucumán. Las sospechas de corrupción han aumentado, especialmente debido a la denuncia formal presentada por Antonio Oscar Brito ante la Fiscalía Federal. Brito acusa a Agüero Gamboa de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y lavado de activos, citando un incremento patrimonial desmedido desde que asumió el cargo en octubre de 2021.

La denuncia incluye solicitudes de allanamiento, revisión de cuentas bancarias, registros automotores e inmobiliarios para investigar posibles irregularidades financieras del ministro. Además, Brito ha pedido medidas cautelares para asegurar el proceso de investigación, argumentando que Agüero Gamboa podría utilizar su posición de poder para obstruir la justicia.

Antecedentes y Consecuencias

Este caso no es un incidente aislado en Tucumán. Las compras con sobreprecio parecen ser una práctica recurrente en la provincia, reflejando problemas sistémicos en la gestión de fondos públicos. La falta de sanciones penales en casos anteriores ha perpetuado un ambiente de impunidad.

En un acto reciente, Agüero Gamboa y otros altos funcionarios presentaron la adquisición de 4500 chalecos antibalas, junto con 300 pulseras electrónicas y 50 camionetas nuevas, que también están bajo escrutinio. La gran diferencia de precio en la licitación actual ha desencadenado una batalla legal por parte de los oferentes perjudicados.

La situación en Tucumán subraya la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, para garantizar que los recursos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de la comunidad.


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