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La decisión final del Tribunal Superior de Justicia sobre la constitucionalidad de la tasa vial será crucial para determinar el futuro de esta controvertida iniciativa.
Desde que el intendente Mariano Gaido propuso la implementación de la tasa vial a principios de año, el debate no ha cesado en Neuquén. Estacioneros, consumidores y funcionarios de diferentes localidades de la provincia se han pronunciado sobre este controvertido tema, que ha sumado un nuevo capítulo esta semana con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.
El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén rechazó la medida cautelar presentada por diversas asociaciones de San Martín de los Andes, incluyendo la Asociación Hotelera y Gastronómica (AHGSMA) y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo (CCIyTSMA). Esta resolución permitió a los intendentes ordenar la aplicación inmediata del 4,5% al valor neto de los combustibles.
Luis Bertolini, intendente de Plottier, confirmó que la recaudación de la tasa vial se destinará al mantenimiento de calles, una necesidad urgente en la localidad. "Estamos reglamentándola porque es una manera de recuperar fondos para reinvertir en la infraestructura vial, que es crucial para mejorar otros servicios como el transporte público", explicó Bertolini en una entrevista con el programa "Al final de Todo" de LU5. Según Bertolini, se espera recaudar un mínimo de 100 millones de pesos, aunque la cifra podría duplicarse dependiendo del consumo de combustible.
En San Martín de los Andes, la tasa vial comenzó a cobrarse el 9 de mayo. El intendente Carlos Saloniti detalló que, a pesar de las objeciones iniciales de las estaciones de servicio, la medida se implementó tras su aprobación por el Consejo Deliberante. La recaudación inicial, aunque afectada por la baja actividad en mayo, alcanzó aproximadamente 60 millones de pesos. Estos fondos fueron transferidos a la empresa de transporte local, Expreso los Andes, para cubrir parte de sus costos operativos.
La implementación de la tasa vial en Neuquén ha generado un intenso debate sobre la presión tributaria y la gestión de recursos públicos. Mientras algunos funcionarios defienden la medida como necesaria para mejorar la infraestructura vial y el transporte público, diversos sectores empresariales y la ciudadanía expresan su preocupación por el impacto económico y la legalidad del tributo. La decisión final del Tribunal Superior de Justicia sobre la constitucionalidad de la tasa vial será crucial para determinar el futuro de esta controvertida iniciativa.
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