Conflicto en Pehuajó: Productores agropecuarios y la medida cautelar sobre pulverización agrícola

En Pehuajó, oeste de la provincia de Buenos Aires, los productores agropecuarios están expresando un fuerte malestar debido a una medida cautelar que prohíbe la pulverización agrícola a 300 metros de la zona urbanizada desde septiembre del año pasado. Además, se ha establecido una zona de amortiguamiento ambiental de 300 metros adicionales, donde solo se permite aplicar productos de baja toxicidad. Este conflicto ha generado tensión entre los productores y el sistema judicial, exacerbado por una denuncia de intoxicación que desencadenó la medida cautelar.

El conflicto comenzó en septiembre de 2023 cuando Javier González y Cintia Bongianino denunciaron que una pulverización con fitosanitarios en un campo vecino había afectado la salud de su hija Clara en la localidad de Francisco Madero. En respuesta, el juez Héctor Andrés Heim emitió una medida cautelar creando una zona de exclusión para la aplicación terrestre de 300 metros alrededor de la zona urbanizada y una zona de amortiguamiento de 300 metros adicionales con restricciones en el uso de agroquímicos.

Los productores, encabezados por José Perkins, se han congregado frente al juzgado federal para expresar su descontento. Perkins afirmó que los productores se sienten injustamente acusados de ser "envenenadores" cuando, según él, trabajan con responsabilidad y tecnología regulada. La medida ha sido vista como una acusación implícita contra su forma de trabajar y ha generado una gran preocupación en la comunidad agrícola local.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, propuso una serie de medidas que incluyen la aplicación de una tasa de dos litros de gasoil premium por hectárea para las máquinas que realicen pulverizaciones y la ampliación de la zona de exclusión a 500 metros desde la última vivienda. Sin embargo, estas propuestas han sido recibidas con rechazo por parte de los productores, quienes consideran la tasa como un impuesto abusivo a la producción.

Con el plazo inicial de la medida cautelar vencido, la falta de un acuerdo legislativo por parte del Concejo Deliberante llevó a la justicia a extender la vigencia de la medida cautelar en marzo de este año. Los productores, reunidos frente al juzgado, insistieron en que deberían ser incluidos en las discusiones, ya que las decisiones afectan directamente su capacidad de producir y sus medios de vida.

Este conflicto se enmarca en la ausencia de una regulación provincial clara para las aplicaciones de agroquímicos, lo que deja a los municipios la tarea de legislar según sus propios criterios. Los productores argumentan que la prohibición de fitosanitarios no es una solución viable y que la responsabilidad y la tecnología permiten un uso seguro de estas herramientas esenciales para la agricultura moderna. (WWW.REALPOLITIK.COM.AR)

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