Preocupación en Entre Ríos: Se complica la situación de un ex funcionario de Frigerio

El accidente de tránsito que cobró la vida de cuatro jóvenes trabajadores y dejó en estado crítico al ex funcionario provincial Juan Orrico, ha revelado graves fallas en las medidas del gobierno de Entre Ríos. Orrico, quien estaba al frente del Instituto Portuario de la provincia, deberá enfrentar demandas penales y civiles, con posibles implicaciones para el gobierno provincial debido a que el vehículo involucrado pertenece a la flota oficial.

El abogado querellante, Mario Arcusín, no descarta extender la demanda al gobierno provincial, señalando que los análisis podrían revelar un alto porcentaje de alcohol en sangre en Orrico, quien aparentemente utilizaba el vehículo oficial para fines personales. El automóvil cruzó de carril y causó el fatal accidente, hecho que podría cambiar la carátula del caso y aumentar la responsabilidad del Estado.

El gobierno provincial ha anunciado la desvinculación de Orrico "de común acuerdo", mientras se lleva a cabo un sumario administrativo. Sin embargo, es evidente que esta medida es un intento de desmarcarse del escándalo. La esposa de Orrico, jueza y respetada en la comunidad judicial, no ha podido evitar el aislamiento del ex funcionario, quien ahora se enfrenta solo a las consecuencias legales.

Las acciones del gobierno han sido criticadas por su falta de control y supervisión sobre los vehículos oficiales. A pesar de las órdenes del gobernador de entregar todos los vehículos de uso particular, es claro que estas directivas no se cumplieron. Orrico, entre otros, continuaba utilizando un vehículo oficial para fines personales, lo que contradice las supuestas medidas de austeridad y responsabilidad anunciadas por el gobierno.

Este incidente expone no solo la desobediencia individual de Orrico, sino también la ineficacia del gobierno de Frigerio en implementar y hacer cumplir sus propias políticas. La responsabilidad por la tragedia no se limita a Orrico, sino que podría extenderse a otros funcionarios y al gobierno provincial por su omisión en la supervisión y control de los bienes estatales.

La desvinculación de Orrico y la apertura de un sumario administrativo parecen ser medidas insuficientes para abordar la profundidad del problema. La situación pone en tela de juicio la autoridad y credibilidad del gobierno provincial, que ahora debe enfrentar no solo el dolor de las familias afectadas, sino también un posible escrutinio judicial más amplio.

El manejo de este caso podría tener repercusiones significativas para la administración de Frigerio, ya que la opinión pública y las acciones legales avanzan, desnudando las debilidades en la gestión y control estatal. Con la credibilidad del gobierno en juego, el desenlace de este conflicto será crucial para la imagen y estabilidad política en Entre Ríos.

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