Judiciales
Caso Loan
Crece la tensión con Valdés: En Corrientes empiezan a echar culpas y crece la grieta en el gobierno
La oposición ha exigido la destitución inmediata de los ministros de Seguridad y Justicia, sin recibir respuesta.
En Corrientes, la desaparición de Loan Peña, un niño de cinco años, ha desencadenado protestas masivas contra el gobernador Gustavo Valdés. La comunidad exige respuestas claras y acciones concretas tras sus polémicas declaraciones respaldando la versión de un supuesto accidente automovilístico que cerraría la causa.
Desde hace más de 21 días, las miradas se centran en Valdés, quien no ha respondido a las demandas del Senado provincial para clarificar cómo obtuvo información confidencial de la investigación bajo secreto de sumario. Además, la oposición ha exigido la destitución inmediata de los ministros de Seguridad y Justicia, sin recibir respuesta.
Las manifestaciones, que han incluido cortes de ruta y concentraciones frente a la casa del gobernador, reflejan la creciente indignación y la falta de confianza en las autoridades. Los cánticos de "Valdés, culpable, hacete responsable" y "con los niños no" resuenan en las calles, mientras la Red por los Derechos de la Niñez y Juventudes organiza movilizaciones en todo el territorio provincial.
El abogado del padre de Loan ha cuestionado duramente la versión difundida por Laudelina, tía del niño, acusando al gobernador de financiar los honorarios legales del abogado de Laudelina, quien afirmó que Loan fue atropellado y enterrado por un matrimonio ahora detenido. Estas afirmaciones han sido contradichas por testimonios de familiares cercanos del niño.
En medio de esta controversia, los senadores provinciales han iniciado un pedido de informes para esclarecer las acciones de Valdés y su influencia en el caso. Mientras tanto, la comunidad espera que se respete la búsqueda de justicia y se esclarezca la verdad detrás de la desaparición de Loan Peña, manteniendo la presión sobre las autoridades para que actúen con transparencia y responsabilidad.
Esta situación pone a prueba la capacidad del gobierno provincial para gestionar crisis y garantizar la confianza pública en su sistema judicial, en un contexto donde la comunidad exige respuestas claras y acciones concretas para resolver un caso que ha conmovido a toda la provincia.
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