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12 de julio de 2024 | Interior

Control draconiano

Santa Fe centralizó el manejo del ausentismo de estatales y crece el enojo entre los trabajadores

Esto busca unificar la protección de la salud de los trabajadores estatales, mejorar la transparencia en las licencias médicas y optimizar los recursos públicos.

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En un giro significativo para los empleados públicos de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro junto a sus ministros de Salud y Economía han promulgado el decreto N.º 987, transfiriendo la gestión del ausentismo y la salud laboral a la secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, liderada por Malena Azario.

Esta medida, marca un cambio radical en la administración de las carpetas médicas y juntas médicas, que ahora estarán bajo la órbita del Ministerio de Economía en lugar del Ministerio de Salud. Según el decreto, esto busca unificar la protección de la salud de los trabajadores estatales, mejorar la transparencia en las licencias médicas y optimizar los recursos públicos.

Los sindicatos han expresado resistencia ante esta centralización, especialmente en lo que respecta al controvertido "Premio a la Asistencia Perfecta" para docentes, visto como una medida coercitiva por los gremios.

"La gestión de lo público requiere un enfoque transversal", afirmó el gobierno, justificando la integración de áreas bajo un solo ministerio para agilizar procesos y mejorar la calidad de vida de los agentes públicos. Sin embargo, la medida ha generado críticas por parte de sectores que temen una mayor burocratización y posibles tensiones laborales.

Con este cambio, la subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores, antes parte del Ministerio de Salud, ahora reportará a la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, manteniendo a Alejandro Rascón a la cabeza. Mientras tanto, la subsecretaría de Economía para la Salud se eleva a secretaría bajo la dirección de Miguel González.

Estos movimientos consolidan una nueva estructura gubernamental que, según el gobierno, busca fortalecer la función estatal y mejorar la eficiencia administrativa, aunque con potenciales repercusiones en la relación con los sindicatos y la calidad de atención a los trabajadores públicos de la provincia.


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