Laicisimo y catolicismo en el roquismo

La generación del 80 es parte de una pura tradición ecléctica, pero esta afirmación no ahonda en la real problemática engendrada por los liberales referida al reordenamiento social, que necesita para perpetuarse en el poder y así mantener los intereses de un grupo reducido frente a la polarización social, de intereses que serán fuertemente resguardados bajo el eslogan “igualdad y libertad”, secularizados en la reafirmación del modelo liberal. Las guerras civiles precedentes habían generado una crisis identitaria en la dirigencia de la sociedad argentina, que habría de dirimirse en la segunda mitad del Siglo XIX en la confrontación entre laicisimo y catolicismo.

Un estado que necesitaba retroalimentarse y para ello unificar a la sociedad rompiendo con el tradicionalismo criollo bajo una mirada hacia el afuera, es decir, hacia Europa. En este marco, Argentina sostendrá una economía dependiente y cada vez más ligada al colonialismo que a la independencia de un modelo económico liberal apoyado en el sistema educativo. Resulta oportuno mencionar que el interés del conservadurismo porteño se remonta a la época de Rivadavia, desde el empréstito inglés de Baring Brothers y el sistema educativo napoleólico, basado en la educación como herramienta utilitaria para el “progreso”, alejada cada vez más del contexto social y dirigida a la formación ciudadana, enfoque que se profundizó aún más con la llegada de Sarmiento. Un sujeto basado en la proyección moral, intelectual y relegado a la economía afianzó la generación del 80, que necesitó de ciudadanos formados y con buenas costumbres para continuar el modelo dependiente bajo una educación efectiva y revalorizante de un sujeto que ahora perdía su identidad para ponerse en función del estado.

Las medidas adoptadas no fueron azarosas, sino es pos del ideal que latía en los cimientos de esta “nueva Argentina”. Era necesario terminar con la formación religiosa para unir a la población nacional con los inmigrantes, teniendo en cuenta que la oligarquía consideraba esto esencial para la modernización. De esta forma se relacionaban los términos: migración, economía y desarrollo.

La educación laica constituía una obligación para la administración pública para centralizar uno de los focos principales de reproducción social que anteriormente estaba en manos de la Iglesia. La oligarquía liberal ya lo había planteado con Mitre, y ahora, con la escuela, se aseguraba los recursos necesarios para su crecimiento. Había que crear una unidad social que revalorizara las tradiciones europeas y que reconvirtiera al inmigrante defendiendo de este modo el rumbo tomado con el apoyo popular, que desconocía los artilugios de la reforma. Lo que se planteaba era una reactivación económica con el aporte de capitales extranjeros y la inserción de la población popular que había sido marginada, que ahora tendría la misma oportunidad para insertarse en el mercado laboral y constituirse en individuos controlados a través del “soberano”. El maestro cumplía de este modo el rol de “vigilador” para que estos individuos marchasen bien solos y se convirtieran en “buenos sujetos” que respondieran a la ideología dominante, sujetos que libremente aceptan su propia sujeción sin ser coaccionados por la violencia.

En este contexto, la alfabetización constituía el mejor método de control para ubicar a aquellos que podrían generar conflictos mediante una categoría de ciudadanos que unificaría a la sociedad. En términos de Sarmiento, el poder debía concentrarse en los “ilustrados”, quienes se legitiman por medio de las libertades políticas y civiles de la población, la no intervención del estado en la economía, la protección a la propiedad privada y la centralización del Poder Ejecutivo, bajo una educación que sostenga a la clase dirigente.

El roquismo impulsaba desde su política liberal la bandera de una Nación en la que la formación ciudadana se basaba en los lineamientos sarmientinos que fueron discutidos en el Congreso Pedagógico: Una escuela pública, gratuita y obligatoria. Los debates significaron cambios en los métodos de aprendizaje y la formación docente. La educación cumplía un rol fundamental en el acompañamiento del modelo de exportación de materias primas, por medio de una enseñanza institucionalizada, centrada en la creación de los recursos humanos necesarios que luego se insertarán, en el campo, los frigoríficos y los ferrocarriles. “Ciudadanos que se alejan de la enseñanza cristiana para ser controlados por el gobierno que a cambio, les brindará la libertad de elegir”.

La profesionalización estaba destinada a la oligarquía porteña deseosa de continuar firme el modelo liberal y utilizarlo como herramienta de producción que impulsó el crecimiento agrícola y la burocratización estatal. El requerimiento de una fracción de la sociedad, sustentable al modelo agroexportador, no requería la incorporación de técnicos. Se buscaba alfabetizar a la clase popular para formar nuevos actores que interfiriesen en el poder político, dado que la escuela estatal era una fuente reproductora de la ideología dominante positivista. La enseñanza cristiana requería de un poder divino, que estaba por encima del estado y esto podría intervenir en los planes oligárquicos que veían peligroso el avance de la Iglesia.

Por ello, el proyecto de una educación obligatoria, laica y gratuita llegaría a debatirse en el Congreso Pedagógico de 1881 dividido entre liberales y católicos deseosos de cambiar la educación tradicional. La izquierda se alió a la política liberal que infería en el control social e inmigratorio la forma de alcanzar la seguridad y el bienestar general mediante el disciplinamiento de la sociedad ante el peligro de los “bárbaros”. Un proyecto modernizador que marcó los orígenes de la ley 1420 sobre la base de una instrucción moralizante que llevó a controlar a la población con prácticas eficaces. En este marco, la ciudadanía arraigaba la idea de progreso que expulsaba a la Iglesia de las cuestiones de estado.

El Congreso Pedagógico de 1881 tuvo como objetivo la evaluación de la situación educativa, y la proposición de alternativas para mejorar su calidad y disponer la participación estatal en un área considerada estratégica. Como resultado de las discusiones realizadas en 1882, se concluyó en la necesidad de impulsar la educación gratuita y obligatoria, respetuosa de las particularidades regionales. También, se propusieron reformas metodológicas y cambios significativos en los contenidos y filosofía del sistema educativo, sobre todo, en lo referido a la cuestión religiosa, donde primó la posición que sostenía la alternativa educativa laica, en abierta oposición al proyecto presentado por el ministro de Justicia, Culto, e Instrucción Pública, Manuel Pizarro, de formación cristiana a ultranza, que reivindicaba la matriz religiosa en contra del laicismo, que se sostuvo permitía “la paz y concordia”.

De este modo, el escenario de disputa quedaba planteado. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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