Salta: Crece la tensión política por maniobras de expropiación

En un ambiente cargado de tensión política, Karina Miranda ha salido al paso para denunciar lo que ella considera una maniobra deliberada para bloquear una crucial ley de expropiación. Miranda, que ha sido una voz destacada en la defensa de los derechos de 117 familias en riesgo de desalojo, acusa al vicegobernador Antonio Marocco de actuar en contra del proyecto aprobado unánimemente por la Legislatura.

La ley de expropiación, impulsada inicialmente por un senador de la Capital, tenía como objetivo declarar de utilidad pública ciertos terrenos para proteger a las familias residentes. Miranda destacó que este avance legislativo representaba una solución esperada y necesaria para garantizar la estabilidad de estas familias, que ahora enfrentan la amenaza de desalojo.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el vicegobernador Marocco, en su papel de gobernador interino, decidió vetar la ley. Según Miranda, Marocco argumentó que el proyecto no había sido tomado en serio debido a que se trataba de un “año político”. Esta declaración, que ha generado gran malestar entre los afectados y sus defensores, ha sido percibida como un intento de desestimar la importancia y urgencia de la ley.

“Estamos profundamente indignados y molestos porque sentimos que nos han manoseado y utilizado políticamente. La vida de 117 familias está en juego, y la respuesta del vicegobernador demuestra una falta de compromiso con los problemas reales de la gente,” expresó Miranda, reflejando el descontento generalizado ante lo que muchos consideran un abuso de poder.

La decisión de vetar la ley no solo ha agravado la situación de los residentes en riesgo de desalojo, sino que también ha intensificado el conflicto entre las autoridades y la comunidad. Los residentes y sus defensores exigen una solución rápida y efectiva, apelando a una respuesta más responsable y menos influenciada por los intereses políticos. La situación continúa evolucionando mientras las familias afectadas esperan que se les brinde la protección y justicia que necesitan para asegurar su futuro. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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