El Congreso Pedagógico de 1882

Como resultado de las discusiones, se concluyó en la necesidad de impulsar la educación gratuita y obligatoria, respetuosa de las particularidades regionales. También, se propusieron reformas metodológicas y cambios significativos en los contenidos y filosofía del sistema educativo, sobre todo, en lo referido a la cuestión religiosa, donde primó la posición que sostenía la alternativa educativa laica, en abierta oposición al proyecto presentado por el ministro de Justicia, Culto, e Instrucción Pública, Manuel Pizarro, de formación cristiana a ultranza, que reivindicaba la matriz religiosa en contra del laicismo, que se sostuvo permitía “la paz y concordia”.

El debate que instaló el Congreso Pedagógico entre educación laica y religiosa tensó la relación entre el gobierno y la Iglesia, y aunque el presidente Julio A. Roca recomendó a sus ministros evitar el enfrentamiento, esto no fue posible. El enfrentamiento entre el ministro del Interior, Miguel Juárez Celman, y el nuncio Luigi Mattera, terminó con la renuncia del ministro Pizarro, quien fue reemplazado por el agnóstico Eduardo Wilde. Las aguas no se calmaron y, al año siguiente, el nuevo Vicario Capitular de Córdoba, Monseñor Gerónimo Clara, se enfrentó frontalmente con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la Sra. Armstrong, de confesión protestante, y prohibió que los fieles católicos inscribiesen a sus hijas en la Escuela Normal, bajo la autoridad de Armstrong. Inmediatamente el estado nacional tomó cartas en el asunto, y separó a Clara de su cargo, sometiéndolo posteriormente a juicio. Las maestras que intentaron suavizar el conflicto, mediando entre las partes, fueron sancionadas, y el diario La Nación acometió contra la decisión estatal. Rápidamente El Nacional, fundado por Roque Sáenz Peña y Carlos Pellegrini, recogió el guante, a través de Domingo F. Sarmiento, iniciando una afiebrada polémica. José Manuel Estrada, católico militante, fue expulsado de su cátedra de Derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, mientras el conflicto no cesaba de incrementarse. Finalmente, las relaciones entre el estado nacional y la Iglesia se rompieron. El obispo propagó su accionar con fuertes declaraciones a la prensa en contra del gobierno lo que provocó una citación por parte de este para que diera explicaciones, pero este no lo hizo frente a Francisco J. Ortíz sino mediante una carta al presidente Roca explicándole los acontecimientos suscitados en Córdoba, el ataque de la Iglesia contra la primera Escuela Normal con instrucción laica, lo que provocó una fuerte puja entre ambos poderes y la expulsión de Mattera.

El liberalismo, expresión del positivismo spenceriano y comtiano parte de la razón como centro de todo a través de la verificación. Esto tendrá su eco en la religión porque se pondrían en debate las creencias modificando todos los ámbitos, entre los cuales, el sistema educativo se vio afectado. En este marco la escuela, la familia, las organizaciones sociales, basadas en la formación estatal laica, con el fin de incorporar inmigrantes, ciudadanos libres al proyecto de la oligarquía, también se adaptarían al nuevo modelo. Asimismo, la pedagogía escolar, basada en el modelo norteamericano laico, que profesa la libertad de culto, quedando en manos privadas la religión católica, con lo cual se incorporarían conceptos universales para la unidad social. El papel del estado interventor, mediador y ejecutor del modelo agroexportador viraría a las nuevas masas hacia la “civilización del progreso” donde Dios dejó de ser el parámetro del manejo del comportamiento humano, que pasó a un ámbito público y libre. El nuevo accionar de la “civilización” acabaría no sólo con la barbarie sino con el crisol de razas por medio de un ordenamiento gramatical, acompañado por el flujo migratorio, que servirían para seguir poblando la frontera e insertar al país en la economía mundial para lo cual se requería de la separación definitiva del estado y la Iglesia. Todo esto junto con las políticas positivistas, con fuerte arraigo de un monopolio estatal, que dejaría en manos privadas la educación religiosa, mientras que la laica homogeneizaría el contenido y con ello acabaría con posibles enfrentamientos entre clases.

En este nuevo modelo la regulación y el acceso a la educación serían libres y gratuitos para todos aquellos que poblaran el territorio argentino, sobre todo, para los inmigrantes de oficios que poco a poco se convertirían en la mano de obra en las fértiles tierras pampeanas. En este punto es necesario hacer referencia a las representaciones y estigmatizaciones que sufrió el emigrante cuando fue incorporado de manera arbitraria a esta “unidad nacional” de lengua hispana, erradicando sus marcas lingüísticas natales mediante el “disciplinamiento escolar” que antes habían usado con los gauchos e indios. La norma tenía que cumplirse y con ella se necesitaba modificar los preceptos morales de la religión católica. La familia y el estado eran una única figura encargadas de acompañar, revitalizar, contener y adoctrinar para que la Nación creciera ya que dejar por fuera del sistema a los inmigrantes podría implicar que los urbanos y buenos hombres y mujeres que se necesitaban para poblar se sublevaran. Por esta razón había que incluirlos, apropiarse de sus tradiciones, en otras palabras, argentinizarlos, para insertarlos en el mundo del trabajo, el orden y el control de esta ideología nacionalista de la oligarquía porteña. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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