
Legislativas
Dos hechos desvinculados entre sí, pero que se presentan conjuntamente, ponen en alerta la relación cada vez más tensa entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Por un lado, las empresas YPF y Petronas, formalizaron la decisión de construir un puerto gasífero, que permitiría exportar gas proveniente de los yacimientos de Vaca Muerta en la localidad de Punta Colorada, provincia de Río Negro. La decisión del emplazamiento en esa localidad se justificó por razones técnicas: "Se trata de una inversión de al menos 30.000 millones de dólares para la instalación del proyecto "Argentina LNG" (gas natural licuado) en Sierra Grande, Río Negro, en vez de en Bahía Blanca, Buenos Aires.
En un comunicado, las compañías destacaron que Río Negro tiene "mejores aspectos económicos para el proyecto, aún si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales", tras analizar los resultados de la consultora internacional Arthur D. Little, contratada especialmente para el análisis comparativo”. Pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló que esta medida fue una venganza por una diferencia política: "Es una decisión de forma intempestiva del directorio de YPF" dijo el gobernador bonaerense. En ese sentido agregó: "Los directivos de YPF son funcionarios de Milei. Tomaron decisiones por pedido de Milei".
Por otro lado, hospitales de los municipios de la Provincia de Buenos Aires denuncian una situación catastrófica, producto de la desregulación de las empresas de medicina privada, que dispararon sus precios en modo desmedido y redujeron las prestaciones por cada uno de los planes de cobertura. Esto motivó a que muchos usuarios del sistema de medicina privada empiecen a concurrir masivamente a los hospitales públicos: "Los hospitales municipales del interior de la provincia de Buenos Aires atraviesan una situación alarmante. Por el aumento en las consultas y el costo de los insumos, en muchos casos gastaron en medio año lo que debían gastar en un año completo. Son nosocomios financiados con arcas municipales en zonas donde no hay hospitales nacionales ni provinciales. En esos casos el servicio local es el único, toda vez que tampoco hay oferta de clínicas privadas”. En este caso, las políticas nacionales castigan indirectamente, pero como efecto inevitable, los presupuestos de los municipios que ya están afectados por la inflación general.
En 1880 el país vivió el último coletazo de la larga guerra civil federal que se resolvió con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, cuando el gobernador Carlos Tejedor conformó un ejército provincial y entró en un conflicto con el gobierno nacional.
La Argentina del presente no está en situación análoga a la de esa época, pero una desavenencia entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia más poblada y más importante en términos económicos de la república, es preocupante. Y no sólo por las decisiones explícitas del gobierno nacional que puedan lesionar los intereses provinciales, sino también por los efectos que tienen en las instituciones provinciales las políticas económicas del estado nacional.
Nada bueno se augura de un conflicto creciente que tendrá su expresión en las próximas elecciones de medio término, pero que de alguna manera empieza a presentar una suerte de competencia electoral, en la que el presidente Javier Milei, que tiene derecho a reelección en las elecciones generales del año 2027, parece retomar el viejo camino de oposición nación provincia para sus posibles ganancias electorales. Pero en el camino los bonaerenses pueden quedar severamente perjudicados sin ningún beneficio agregado para la nación. Y ese grave daño social no parece tener ninguna justificación posible.
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