El gobierno de Javier Milei militariza la Antártida violando un tratado internacional

La causa de esta alarma es la gravedad de ciertos incumplimientos de los principios fundamentales del Tratado Antártico. El Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959 y al que Argentina adhiere, regula las relaciones entre los estados signatarios en relación con la Antártida. Este acuerdo incluye disposiciones fundamentales como el uso exclusivo de la Antártida para fines pacíficos (artículo I), la garantía de libertad para la investigación científica y la cooperación en ese ámbito (artículo II), y el compromiso de las partes contratantes de intercambiar observaciones y resultados científicos sobre la Antártida, los cuales deben estar disponibles libremente (artículo III).

El expediente mencionado, titulado “Proyecto firma conjunta ministerio de Defensa”, en su Informe técnico, hace referencia al “traspaso de administración de las bases Carlini y Brown, Casa de Botes y refugios antárticos desde la dirección nacional del Antártico (DNA), ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), ministerio de Defensa”, en referencia a la cartera que conduce el ministro Luis Petri. 

Este "traspaso logístico" encubierto implicaría que la Cancillería deje de administrar las instalaciones bajo su cargo, lo que podría constituir una violación del artículo I del Tratado Antártico, que prohíbe, entre otras cosas, "toda medida de carácter militar". La transferencia de la administración de las instalaciones antárticas al ministerio de Defensa, como señala el expediente, podría contravenir este principio. 

Además, la pérdida de la administración en el continente antártico debilitaría a la DNA, lo que podría reducir el control sobre posibles "maniobras militares" en la Antártida, las cuales están expresamente prohibidas por el acuerdo. 

No obstante, este traspaso vulneraría la ley 18.513, que asigna a la DNA la responsabilidad integral sobre la actividad Antártica Argentina, incluyendo la programación, coordinación, y control, y su contribución a la política nacional antártica. La norma también designa a la dirección nacional del Antártico como la autoridad encargada de la protección ambiental bajo las leyes 24.216 y 25.260, y de la representación de Argentina ante el Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP) y la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL).

Trabajadores de la Cancillería indicaron a REALPOLITIK que el impulso para este traspaso proviene de la secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, a cargo de la Secretario Paola Di Chiaro, quien trabaja en dicho organismo asesorada por personal militar y mantiene una estrecha relación con el ministerio de Defensa (MINDEF) debido a su anterior cargo como secretaria de Estrategia y Asuntos Militares en dicho ministerio.

Otro aspecto crucial es la actual sede de la secretaría del Tratado Antártico. En sus primeros años, hasta 1991, el Tratado Antártico operaba con una secretaría no permanente. Tras casi una década de arduas negociaciones, se estableció la secretaría Permanente del Tratado Antártico en Buenos Aires, inaugurada el 7 de septiembre de 2004. Es importante destacar que Argentina, como pionera en la actividad antártica y signataria del Tratado Antártico, asumió el compromiso inclaudicable de que la DNA, como autoridad de aplicación ante el Sistema del Tratado Antártico, no dependa del ministerio de Defensa.

Este compromiso hacia la desmilitarización de la Antártida se consolidó en 2003 con la transferencia de la dirección nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino desde la secretaría de Asuntos Militares del ministerio de Defensa a la subsecretaría de Política Exterior del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, mediante el decreto 207/2003.

Javier Milei y Luis Petri.

Como resultado de esta transferencia, Argentina consolidó la administración de sus trece bases antárticas. Actualmente, dos de estas bases son administradas directamente por la Cancillería a través de la DNA, mientras que las demás están bajo la administración del ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto Antártico (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas).

El traspaso de la administración propuesto en el proyecto de resolución impulsado por el gobierno de Javier Milei sería un despropósito por parte de Argentina ante los países miembros del Tratado Antártico. Aunque la logística antártica, crucial para las operaciones y el apoyo a la actividad científica, es gestionada por las Fuerzas Armadas, la administración de las bases, refugios antárticos y otras instalaciones debe permanecer bajo la dirección nacional del Antártico (DNA).

Más allá de que la ejecución del traspaso de la administración de todas las instalaciones antárticas al ministerio de Defensa podría exponer a Argentina a observaciones, multas o sanciones por parte de otros países miembros del Tratado Antártico, también ha generado preocupación entre el personal logístico y administrativo de la DNA/IAA. En diversas ocasiones, han expresado su inquietud por la transferencia de todos los bienes patrimoniales obtenidos con el presupuesto de la DNA durante más de cincuenta años.

Esta situación no solo afecta el reconocimiento al esfuerzo del personal de la DNA a lo largo de tantos años, sino que también incumple lo establecido en la ley 18.513. En su artículo 9, esta ley señala como función de la DNA "administrar y llevar la contabilidad financiera y patrimonial de los recursos que el estado asigna para la actividad antártica". Además, el artículo 10 establece que la DNA tiene la función de "contratar bienes y servicios para la actividad antártica".

A esto se suma la preocupación por la pérdida de autoridad por parte de la DNA al ceder la administración de sus instalaciones antárticas, lo que podría complicar el planeamiento de las campañas antárticas y resultar en recortes en plazas científicas, así como en medios logísticos e instalaciones, que quedarían a discreción del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR).

Finalmente, otra cuestión que inquieta al personal de la DNA/IAA, aunque no esté directamente relacionada con el traspaso de administración, es la reciente serie de incidentes en las bases, atribuidos a negligencia del personal militar. Entre estos incidentes se incluyen el incendio en la jefatura de Base Carlini que destruyó toda la instalación, la muerte de un suboficial del Ejército por una explosión, la muerte de un suboficial de la Fuerza Aérea Argentina en la base Marambio debido a un accidente con un portón de hangar, y un ataque violento en la misma base. Estos eventos han exacerbado la preocupación sobre la gestión de las instalaciones antárticas.

Es fundamental entender que las políticas antárticas se rigen por un Tratado Internacional y no deben confundirse con una simple “decisión política”, ya que esto podría conducir a controversias. Confundir "administración" con "dependencia", como se hace en el expediente tramitado, es un error conceptual que podría resultar en la violación de los principios del Tratado Antártico.

El traspaso de la administración al ministerio de Defensa plantea graves riesgos para la actividad científica en la región. Esta medida podría resultar en la militarización del territorio, violando los principios del Tratado Antártico y poniendo en peligro el prestigio internacional de Argentina. La administración militar también podría comprometer la coordinación y ejecución de las campañas científicas, limitando recursos y reduciendo la capacidad operativa. 

Además, la reciente serie de incidentes en las bases resalta la preocupación por la posible falta de experiencia y enfoque en la investigación científica. Por ello, es esencial mantener una administración adecuada y alineada con los principios del Tratado Antártico para asegurar la continuidad y calidad de la investigación científica en la región. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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