Mendoza: Continúan las imputaciones a verios dirigentes y crece la tensión

La reciente audiencia en Mendoza ha traído consigo nuevas tensiones y controversias. El Secretario General de ATE Mendoza y la Secretaria Adjunta del CDP, Adriana Iranzo, junto a un grupo de dirigentes sindicales y de organizaciones sociales, enfrentan acusaciones por presunto entorpecimiento de la vía pública durante acciones de protesta contra las medidas de ajuste de los gobiernos provinciales anteriores, encabezados por Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo.

Las imputaciones están basadas en el artículo 194 del Código Penal, que penaliza el entorpecimiento de la vía pública. La audiencia, que se realizó como parte de un proceso judicial multipropósito, ha sido objeto de debate intenso. Los fiscales presentaron la acusación, mientras que las defensas hicieron varios planteos, incluyendo la falta de acción. La próxima sesión, programada para el 11 de septiembre, será crucial para definir la continuidad del juicio.

Mario Muñoz, dirigente del Consejo Nacional, destacó que durante la audiencia, los veinticinco policías testigos no pudieron identificar a ninguno de los imputados como responsables de cortar calles u obstaculizar el tránsito. Según Muñoz, los testimonios confirmaron que las marchas se llevaron a cabo de manera ordenada y en áreas donde no había circulación vehicular.

Muñoz también subrayó que algunos testigos eran inspectores y comisarios de alto rango, quienes ratificaron el cumplimiento de los parámetros legales durante las protestas. A pesar de esto, la representación legal de ATE Mendoza ha solicitado la nulidad de lo actuado, argumentando que los fiscales, que responden directamente al gobernador, están influyendo en el proceso judicial.

El titular del CDP, Roberto Macho, denunció que la situación va más allá de la criminalización de la protesta, describiéndola como una persecución concreta. Macho afirmó que ATE Mendoza no se arrodillará ante ningún gobierno y continuará defendiendo sus derechos a pesar de las presiones políticas. 

En el contexto actual, ATE Mendoza sostiene que las acciones del gobierno provincial y nacional buscan disciplinar y coartar derechos fundamentales amparados por la Constitución Nacional, la OIT, y pactos internacionales de Derechos Humanos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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