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Entrevista REALPOLITIK.FM
Limitan el acceso a la información pública: “Es un retroceso en transparencia”
La abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Margarita Trovato, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre las implicancias del decreto 780/2020 del gobierno, que introduce modificaciones significativas en la reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública.
Durante la entrevista, Trovato expresó su preocupación por las modificaciones, que considera un retroceso en términos de transparencia y acceso a la información. “El problema principal es que este decreto, en lugar de reglamentar la ley, termina alterando gravemente disposiciones propias de la misma. Por ejemplo, excluye del acceso público las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, lo que dificulta conocer las justificaciones detrás de las decisiones del gobierno”, explicó.
Otro de los puntos más controvertidos que señaló la abogada es la incorporación del principio de buena fe, el cual podría utilizarse para penalizar a periodistas que el gobierno considere que actúan con “mala fe” al solicitar información. "Esto es grave. Si un periodista pregunta algo y el gobierno decide que lo hace de mala fe, podría enfrentar una causa penal", advirtió Trovato.
La abogada también subrayó que el decreto amplía considerablemente las excepciones a la información pública. "Este decreto casi invierte el principio: si realmente quieres obtener información, debes demostrar que no es un dato privado del funcionario. Además, se exige que se justifique el interés público de la solicitud, lo que genera un obstáculo adicional", comentó.
Para Trovato, las consecuencias de este decreto son preocupantes, no solo para el periodismo, sino para toda la sociedad: "Limita la capacidad de control sobre los actos de gobierno, lo que es fundamental en una república. El periodismo, que tiene una protección especial a nivel internacional, se ve particularmente afectado, ya que este decreto le da al estado una discrecionalidad excesiva para decidir qué información se da y cómo se da".
Finalmente, Trovato no descartó la posibilidad de judicializar este decreto, dada su potencial inconstitucionalidad y su contradicción con estándares internacionales. "Lo estamos evaluando, ya que algunos puntos del decreto van en contra de estándares y decisiones internacionales, así como de la propia ley", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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