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4 de septiembre de 2024 | Judiciales

Homicidio de Juan Farías

Revocatoria de absoluciones y confirmación de pena para César Melazo

La Justicia confirmó la condena de siete años y diez meses de prisión para César Melazo y la revocatoria de las absoluciones de varios imputados en el homicidio de Juan Farías.

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Con este fallo, la fiscalía queda habilitada para pedir la detención de los acusados Burzting, Mena, Barroso Luna, Fernández y Bertoni. Además, el Tribunal de Casación ha solicitado que las actuaciones sean enviadas al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 para la realización de un nuevo juicio para estos últimos.

CONTEXTO Y DETALLE DEL CASO

El caso ha implicado a varios individuos, incluyendo a Carlos Aníbal Barroso Luna, Gustavo Abraham Bursztyn, Martín Ezequiel Fernández, Adrián Oscar Manes, Gustavo Andrés Gregorio Mena y Héctor Alfredo Vega. El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de La Plata condenó a estos imputados por delitos como asociación ilícita, tenencia ilegal de armas y encubrimiento. César Ricardo Melazo, uno de los principales acusados, recibió una condena de siete años y diez meses de prisión, mientras que otros como Bursztyn y Mena enfrentaron penas similares.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA Y RECURSOS DE CASACIÓN

Las defensas han apelado las condenas, argumentando falta de pruebas y errores en la valoración de los hechos. Los principales argumentos incluyen:

- Falta de pruebas: La defensa de Melazo cuestiona su implicación en la asociación ilícita, alegando la ausencia de pruebas concluyentes de su participación en la organización criminal.

- Errores en el procedimiento: Se han cuestionado la legalidad de algunos allanamientos y la intervención de testigos, señalando irregularidades en la actuación policial.

- Legítima tenencia de armas: Melazo sostiene que contaba con los permisos necesarios para la tenencia de armas, argumentando que la figura penal aplicada es desproporcionada.

Por otro lado, los fiscales y particulares damnificados han interpuesto recursos de casación, impugnando la absolución de algunos acusados en relación con el homicidio criminis causae. Las defensas buscan la absolución o la reducción de penas, mientras que las acusaciones buscan revertir las absoluciones dictadas por el Tribunal.

ACTIVIDADES DELICTIVAS Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El caso revela una compleja organización criminal dedicada a robos y narcotráfico, liderada por Melazo. La banda contaba con una estructura bien definida en La Plata y sus alrededores. Juan Farías, vinculado a robos de autos y desarmaderos, mantenía conexiones con varios implicados, como Adrián Manes, Gustavo Bursztyn y Gustavo Mena.

El asesinato de Farías, inicialmente vinculado a un robo a la casa de Zapata, fue el resultado de tensiones internas dentro de la banda. La implicación de Gustavo Bursztyn en el conflicto, a pesar de que Farías no participó en el robo, generó un clima de desconfianza y conflictos dentro del grupo.

EVIDENCIAS Y CORRUPCIÓN SISTÉMICA

Las pruebas, incluyendo escuchas telefónicas y testimonios, han demostrado la implicación de los miembros en delitos variados y su capacidad para manipular el sistema judicial a su favor. La banda operaba con una estructura jerárquica clara, donde algunos miembros desempeñaban roles clave en la coordinación de actividades ilícitas y en la manipulación del sistema judicial.

Las conversaciones interceptadas revelan la preocupación de los miembros por las investigaciones en curso, temiendo que las pruebas acumuladas pudieran llevar a nuevas detenciones. Este tipo de evidencias no solo muestran la colaboración entre los miembros de la organización, sino también su capacidad para influir en las fuerzas de seguridad y en el poder judicial.

VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO Y DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA

El Tribunal de Casación Penal ha confirmado la validez del procedimiento judicial y la existencia de una asociación ilícita. La prueba presentada muestra una organización integrada por los acusados, operando durante un período prolongado y con una estructura jerárquica definida. La crítica defensiva sobre la indeterminación temporal del delito ha sido rechazada, ya que la ley no exige la prueba de cada delito específico cometido por la organización, sino la existencia y funcionamiento prolongado de la asociación.

El análisis detallado del caso confirma que la sentencia en revisión está bien fundamentada. Los argumentos de las defensas no han logrado desmentir la validez del fallo, y la sentencia respeta todas las garantías constitucionales. La responsabilidad penal de los acusados está adecuadamente probada, y las violaciones alegadas no han sido suficientes para alterar la decisión judicial.

El caso continúa siendo un ejemplo significativo de la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción en el sistema judicial. La confirmación de las condenas y la validación de las pruebas destacan la importancia de un sistema judicial que se mantenga firme frente a las tentativas de manipulación y corrupción. (www.REALPOLITIK.com.ar)

 

 


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