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Polémica
Tras el veto a la movilidad jubilatoria, el PAMI avanza en una catarata de contrataciones millonarias
En medio del veto a la ley de Movilidad Jubilatoria y las políticas de austeridad impulsadas por Javier Milei, el PAMI, bajo la dirección de Esteban Leguízamo, ha realizado veintidós contrataciones millonarias en tan solo quince días, generando controversia por su falta de alineación con el ajuste económico prometido por el gobierno.
En un contexto de austeridad impulsado por el presidente Javier Milei y marcado por el veto a la ley de Movilidad Jubilatoria, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), dirigido por Esteban Leguízamo, ha iniciado una ola de contrataciones que desentona con las directivas oficiales.
Esteban Leguizamo, titular del PAMI.
Según se desprende de una investigación de REALPOLITIK, solo desde el 20 de agosto hasta el 5 de septiembre, PAMI ha incorporado a veintidós empleados con sueldos millonarios, lo que promete generar controversia sobre la coherencia de estas medidas con el ajuste económico prometido por el gobierno libertario.
Contrataciones polémicas
La cadena de nombramientos comenzó hace varios meses, pero solo a modo de ejemplo tomaron las últimas dos semanas. En este caso, el despilfarro inició el 20 de agosto con la incorporación de Marcos Ravarotto, quien fue contratado con un salario de 900 mil. Le siguió Yanina Dimotta, el 26 de agosto, también con un sueldo similar.
El 28 de agosto, se sumaron cuatro personas bajo el programa de "políticas de cuidado": Emiliano Casco, Ramona Centurión, María Isolina Dabove y Mariana Fernández Pando, con salarios de hasta 1.700.000 pesos.
Al día siguiente, 29 de agosto, se produjo un incremento significativo en la nómina de PAMI, con la incorporación de once empleados más en la Unidad de Gestión Local (UGL) VI. Entre los nombres figuran Héctor Arias, Yéssica Contanza, Valentina Maisenti, Lucila Zuetta, Mariela Apesteguy, Alicia Salas, Silvia Coria, Rocío Spina, Sofía Muñoz, Brenda Baldi, Garda Piemonte, todos con sueldos cercanos a 1.200.000 pesos, según se desprende de la resolución RESOL-2024-2487-INSSJP-DE-INSSJP.
Héctor Arias y diez personas mas para la UGL VI con sueldos de 1.200.000 pesos por RESOL-2024-2487-INSSJP-DE-INSSJP:.
El 30 de agosto, Natalia García y Fernanda Zulli fueron contratadas para la UGL IX Rosario, con sueldos de 900 mil pesos, mediante las resoluciones RESOL-2024-2493-INSSJP y RESOL-2024-2495-INSSJP.
El 5 de septiembre, la situación escaló aún más con la contratación de Elizangela Dos Santos Flores y María Laura Guzmán, quienes prestarán servicios en la subdirección Ejecutiva con salarios de 2.500.000 pesos cada una. Ese mismo día, Viviana Urrutia también fue contratada para la gerencia de Prestaciones Médicas.
La contracara, el veto a la Movilidad Jubilatoria
Estas contrataciones se producen en un momento de alta tensión política en el país. Este miércoles, una masiva movilización se espera en el Congreso, en rechazo al veto presidencial al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Diversas organizaciones sociales, movimientos estudiantiles, sindicatos y figuras políticas han convocado a manifestarse en apoyo a la ley que busca mejorar las jubilaciones, mientras la represión sufrida por jubilados durante los últimos días sigue resonando en la sociedad.
El Frente Renovador también anunció su participación en la marcha, en línea con las protestas contra las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Desde la CTA Autónoma hasta la CGT de Pablo Moyano, diversas organizaciones sindicales y sociales se han pronunciado a favor de los jubilados, destacando que "no están solos".
El desenlace en el Congreso es incierto, especialmente después de que Milei se reuniera con diputados de la UCR, algunos de los cuales ya han cambiado su voto. Esto podría inclinar la balanza a favor del presidente, en un contexto de fuerte polarización social.
Mientras la crisis económica y social se intensifica, las decisiones en el PAMI parecen ir a contramano de los discursos oficiales, generando dudas sobre la coherencia entre las políticas de ajuste y las prácticas dentro de las instituciones estatales.
Tal y como ocurriera durante el kirchnerismo, todo pareciera indicar que el dinero de la movilidad será destinado a la incorporación de más contratados y el pago de favores políticos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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