Jujuy: Crecen las criticas a la Ley de Cobro por atención médica a extranjeros

La reciente decisión del gobierno de Jujuy de implementar el cobro por atenciones médicas a extranjeros, a través de la Ley N°6116, plantea serios interrogantes sobre su impacto real y sus motivaciones. Esta medida, impulsada por el oficialismo y apoyada por el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, ha generado una gran controversia y un debate profundo sobre el acceso a la salud, la reciprocidad internacional y el manejo de los recursos públicos.

Mientras el diputado oficialista Santiago Jubert defiende la ley como una forma de "poner reglas claras" y aliviar la presión sobre el sistema sanitario local, los datos oficiales contradicen en parte sus argumentos. Según las cifras recopiladas por el Instituto de Estadísticas Dipec, la atención de extranjeros en los hospitales de Jujuy representa una mínima proporción del total de internaciones, sin alcanzar el 2% en la mayoría de los períodos analizados entre 2015 y 2021. En 2019, por ejemplo, la cifra fue apenas del 0,25%. Estas estadísticas desmienten la narrativa de un supuesto desborde del sistema sanitario por la atención a extranjeros.

A pesar de la mayoría oficialista que facilitó la aprobación de la ley, su promulgación no ha estado exenta de críticas. La diputada del Frente de Izquierda (FIT), Natalia Morales, fue una de las voces más firmes en repudiar la medida, argumentando que no hay evidencia que justifique el cobro a extranjeros y señalando que el problema es mucho más político que sanitario.

El caso reciente de una niña boliviana que sufrió quemaduras y cuya familia fue intimada a pagar los costos médicos refuerza la percepción de que la política sanitaria jujeña está entrando en una peligrosa corriente de exclusión. Mientras tanto, la narrativa de Bouhid sobre "el interés de las mujeres bolivianas en dar a luz en nuestro país" parece más una excusa para justificar una postura que ignora las cifras reales: en 2022, solo 29 partos en Jujuy correspondieron a extranjeras, lo que equivale al 0,37% del total.

Frente a estos datos, la medida adoptada por Jujuy parece más una política simbólica que una solución efectiva. ¿Estamos ante una estrategia para desviar la atención de problemas estructurales en el sistema de salud? O, peor aún, ¿es un paso hacia la consolidación de una política pública que prioriza la exclusión sobre el bienestar social? (www.REALPOLITIK.com.ar)

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