El gobierno de Kicillof paga más de 30 millones en alquilar fotocopiadoras para un hospital en crisis

En medio de la larga y profunda crisis que atraviesa el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof decidió destinar más de 30 millones de pesos al alquiler de fotocopiadoras para el hospital Doctor Enrique Erill. El gasto resulta insólito por producirse en un momento crítico para el nosocomio, donde la falta de insumos y personal médico está afectando gravemente la calidad de atención.

 

Según se desprende del expediente Nro. 2024-108-99-291, el monto destinado asciende a 32.565.000 pesos por el “servicio de alquiler, mantenimiento y servicio integral de fotocopiadoras con provisión de papel” para el hospital zonal general de agudos Doctor Enrique Erill, de Escobar. Este hospital, que atraviesa una situación crítica, se enfrenta a una profunda escasez de insumos médicos, deterioro de la infraestructura, y una alarmante falta de profesionales de la salud, factores que empeoran la atención sanitaria de miles de ciudadanos.

Sin dudas, el contrato millonario para el alquiler de fotocopiadoras contrasta con las condiciones en las que opera el hospital. Las salas de urgencia superan las ocho horas de espera, y áreas críticas como obstetricia carecen de calefacción y agua caliente. En tanto, los quirófanos presentan deficiencias estructurales que ponen en riesgo la salud de los internados.

Un hospital en decadencia

El hospital Erill ha sido todo un emblema de la degradación del sistema de salud durante la gestión Kicillof. Su situación se hizo particularmente evidente durante la pandemia, cuando se quedó sin camas de terapia intensiva (UTI) en plena crisis sanitaria, una falta crítica que se agravó con el cierre del sanatorio Plaza en el distrito.

Hoy en día, las denuncias por malas condiciones se multiplican: techos derrumbados, instalaciones sin mantenimiento, y escasez de elementos básicos de higiene y tratamiento. Estas falencias no solo reflejan un problema coyuntural, sino la acumulación de años de desinversión y abandono por parte de las autoridades locales y provinciales. En ese sentido, Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, ha sido señalado por su falta de acción frente al cierre del sanatorio privado y por priorizar la municipalización de la atención médica en centros de diagnóstico con personal precarizado y salarios de pobreza.

La crisis de IOMA y un combo explosivo

A la par, la situación en IOMA, la obra social más grande de la provincia, ha tocado fondo. Bajo la dirección de Homero Giles, el deterioro del servicio es evidente: médicos y clínicas rechazan a pacientes afiliados, obligándolos a pagar las prestaciones de su bolsillo o enfrentar largas demoras para ser atendidos. Las quejas se han extendido por toda la provincia, donde los usuarios de IOMA denuncian el abandono del sistema y la falta de respuesta ante sus necesidades más urgentes.

El ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, también ha sido objeto de duras críticas como responsable de la situación de colapso que enfrentan los hospitales provinciales, con acusaciones de malgasto de fondos públicos y una gestión que prioriza los favores políticos por encima de la atención médica.

Detrás de estas decisiones se perfila una política de precarización de los servicios de salud. Las inversiones que debieran destinarse a la mejora de los hospitales y el pago digno de los profesionales de la salud se canalizan hacia contratos administrativos y acuerdos que parecen estar desvinculados de las necesidades urgentes de los bonaerenses.

Las maniobras de precarización también resultan evidentes en la política de contratación de personal. Muchos de los trabajadores del sistema de salud son monotributistas, sin acceso a derechos laborales básicos, lo que complica aún más la atención. Esta política ha sido replicada en diversas áreas de la administración pública, afectando gravemente a los trabajadores y al servicio que reciben los ciudadanos.

Un llamado de atención

La indignación crece entre los profesionales del sector, pacientes y vecinos de la provincia. La contradicción entre el gasto de más de 30 millones en fotocopiadoras y el colapso del sistema de salud pone de relieve las prioridades equivocadas de la actual gestión. Los ciudadanos demandan una mejor asignación de recursos, que priorice la atención sanitaria por sobre gastos administrativos y contratos que parecen desvinculados de la realidad que atraviesan los hospitales.

Con el sistema de salud provincial al borde del colapso, la urgencia de un cambio en las políticas es más clara que nunca. Sin una intervención estratégica y sin una verdadera voluntad política para atender las necesidades de los hospitales, los ciudadanos seguirán pagando el costo de una gestión que no parece estar a la altura de la crisis sanitaria que enfrenta la provincia. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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