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Estos despidos han sido señalados por ATE como una maniobra para sofocar las demandas de los trabajadores y evitar avances en la negociación.
La Municipalidad de Toay despidió a tres trabajadores precarizados, con antigüedades de entre 5 y 10 años, todos ellos afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y activos en las protestas organizadas por la asamblea de trabajadores municipales. Como respuesta, la asamblea decidió intensificar las medidas de fuerza, declarando un paro total por tiempo indefinido a partir del jueves 3 de octubre, exigiendo la reincorporación inmediata de los despedidos y la atención a los reclamos de la mesa de negociación.
El Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Ariel Rojas, tomó la decisión de despedir a los tres empleados en represalia por su participación en las manifestaciones contra las políticas del municipio. Estos despidos han sido señalados por ATE como una maniobra para sofocar las demandas de los trabajadores y evitar avances en la negociación.
Los empleados municipales, que ya estaban en Estado de Asamblea, Alerta y Movilización debido a la suspensión unilateral de las negociaciones por parte del Ejecutivo, vieron en estos despidos la gota que colmó el vaso. En respuesta, modificaron su plan de lucha y declararon un paro total hasta que el municipio reabra el diálogo, reincorpore a los despedidos y respete los temas discutidos en la mesa de negociación.
Entre las demandas de los trabajadores se incluyen: elementos de protección personal, ropa de trabajo, el pase a planta permanente del personal precarizado, y el reconocimiento de adicionales por funciones específicas. Las áreas afectadas por el conflicto abarcan la administración, la recolección de residuos, el cementerio y los corralones municipales, donde se concentra la mayor cantidad de empleados.
A pesar de la importancia de estos reclamos, el municipio de Toay no ha adherido a la Ley de Paritarias, lo que agrava aún más la situación. El conflicto escaló cuando el intendente Rojas decidió cerrar unilateralmente las negociaciones, dejando a los trabajadores sin un canal formal para hacer valer sus derechos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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