Río Negro: Cargos por abuso de autoridad contra exfuncionarios provinciales

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro ha formulado cargos contra tres exfuncionarios de la gestión de Arabela Carreras, acusados de abuso de autoridad en relación a la compra de un avión a un precio significativamente mayor al valor de mercado. Los implicados son José María Apud, José María Scheverin y Gonzalo Regueira, quienes habrían autorizado la adquisición de una aeronave CESSNA CITATION por más de cuatro millones de dólares, un monto aproximadamente el doble de su valor real.

Durante su gestión, Apud ocupaba el cargo de secretario general de la Gobernación, Regueira era secretario de Administración de esa misma cartera, y Scheverin se desempeñaba como director de Aeronáutica. Según la acusación, los tres exfuncionarios intervinieron en el trámite administrativo de la compra, que se llevó a cabo entre el 5 de abril de 2021 y el 13 de abril de 2022, a través de una licitación pública.

La formulación de cargos señala que, en su actuación, los exfuncionarios incumplieron diversos artículos de la Constitución Provincial y de la Ley de Contrataciones, que establecen el principio de eficiencia en la administración pública y la necesidad de realizar contrataciones al menor costo posible. En particular, se destacó que Scheverin no cumplió con la normativa que exige un informe técnico fundamentado para estimar el costo de la contratación, y que, en su lugar, aportó un informe sin rigor técnico ni documentación de respaldo.

Asimismo, Regueira y Apud fueron acusados de aprobar la licitación pública sin respetar los parámetros de eficiencia y defensa de la hacienda pública, al estimar el costo del avión basándose en un promedio de los valores presentados por Scheverin y la cantidad de dinero que la Provincia tenía para la compra. 

El Fiscal Jefe también mencionó la rápida secuencia de eventos que rodearon la licitación: la primera licitación fue declarada fracasada el 6 de enero y el avión fue adjudicado el 1 de febrero de 2022, durante un período de receso administrativo. Esto genera sospechas sobre la legalidad del proceso, dado que múltiples organismos estatales intervinieron en el trámite.

Los abogados defensores de los tres imputados presentaron consideraciones sobre la formulación de cargos, pero solo uno de ellos se opuso a la misma. A pesar de esto, el Juez de Garantías aceptó los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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