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Melody Rakauskas, quien denunció al intendente Fernando Espinoza por abuso sexual, enfrenta una nueva pericia psiquiátrica mientras él sigue sin restricciones para salir del país, en un proceso judicial cuestionado por su aparente favoritismo hacia el acusado.
En un proceso judicial cargado de controversias, Melody Rakauskas, quien denunció al intendente del municipio de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual, fue convocada a una nueva pericia psiquiátrica y psicológica el 6 de noviembre de 2024.
La situación se da en un marco de aparente permisividad hacia el acusado, quien, tras a pesar de no presentarse a su cita judicial para la primera evaluación psiquiátrica, obtuvo beneficios para viajar a Barcelona en el marco de un congreso internacional que coorganiza la FAM - Federación Argentina de Municipios, que él mismo preside. La diferencia en el trato hacia ambas partes genera preocupación respecto a la imparcialidad del proceso judicial.
Según documentos judiciales a los que REALPOLITIK accedió, el nuevo peritaje de Rakauskas será realizado en la sede de Lavalle 1429 en Buenos Aires, y estará a cargo del cuerpo médico forense. Este procedimiento se suma a una serie de evaluaciones previas que la denunciante ya ha afrontado y, en palabras de Rakauskas, responde a una maniobra de la fiscal Mónica Cuñarro, a quien señala por exponer su privacidad y, en lugar de protegerla, revictimizarla repetidamente.
“No pienso someterme a nada de lo que ella solicite. Ya he dejado en claro que me niego a ser revictimizada y atacada nuevamente por esta fiscal”, expresó la denunciante, en referencia a los reiterados pedidos de peritaje a los que la somete la fiscal Cuñarro, quien es sindicada en los pasillos judiciales como presunta ex pareja del ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández.
Rakauskas asegura que, tras haber expuesto pruebas íntimas en su contra, la fiscalía ha intentado desestimar su denuncia a través de dilaciones y decisiones que le han afectado profundamente, mientras el intendente Espinoza no enfrenta las mismas exigencias. “No hubo allanamientos en el municipio, no se secuestraron dispositivos, ni se realizaron pericias necesarias durante más de tres años”, enfatiza Rakauskas, denunciando además la exposición pública de su caso y las repercusiones personales y laborales que esto ha tenido en su vida. “Perdí todo. Mi familia se apartó, me quedé sola, sin amigos, sin pareja, sin trabajo. A muchos les da miedo darme empleo por temor a las represalias de Espinoza”, señaló.
Esta situación expone, una vez más, la desigualdad que muchas víctimas enfrentan en el sistema judicial, especialmente cuando el acusado ostenta poder e influencia. El trato diferencial entre Rakauskas y Espinoza pone en tela de juicio la imparcialidad de un proceso en el que, mientras una denunciante se ve obligada a revivir su trauma mediante nuevas pericias, el acusado parece disfrutar de beneficios que muchos consideran injustos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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