Senadores de Neuquén y Río Negro exigen frenar la venta de las represas hidroeléctricas

Un grupo de senadores nacionales de Neuquén y Río Negro ha presentado una solicitud formal al ministro de Economía, Luis Caputo, exigiendo la revisión del Decreto 895/2024, que autoriza la venta total de las acciones de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Los legisladores Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Martín Doñate y Silvina García Larraburu, de Unión Ciudadana, proponen que la privatización se limite al 50%, garantizando así que las provincias mantengan el control de la otra mitad. Esta medida busca proteger el dominio provincial sobre recursos naturales estratégicos y resguardar la autonomía de gestión regional.

Peligro para la soberanía y el federalismo

La misiva advierte que la venta completa de estas represas a empresas privadas vulnera los principios federales consagrados en la Constitución. Los senadores destacan que la reforma constitucional de 1994 otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, y alertan que la privatización podría impactar negativamente en el desarrollo regional y la gestión autónoma de los recursos hídricos. También señalan que el decreto destina los ingresos por la venta al pago de deuda externa, en lugar de invertirlos en infraestructura patagónica, lo que consideran una traición al bienestar de las comunidades locales.

Respaldo de los gobernadores y posibles acciones judiciales

El pedido de los senadores ha recibido el respaldo de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, quienes expresaron su preocupación por las consecuencias de la privatización. Ambos mandatarios advierten que podrían tomar medidas judiciales si el Gobierno nacional no reconsidera su postura. Para ellos, la decisión no solo implica una cuestión de gestión energética, sino también un conflicto sobre la soberanía de los recursos provinciales.

Reclamo federal de la senadora Mónica Silva

La senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, se sumó al reclamo con un proyecto de comunicación que solicita la modificación del decreto y asegura que el 51% de las acciones permanezca bajo control provincial. Silva cita el artículo 124 de la Constitución, que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales, y sostiene que es imperativo que las ganancias de las represas hidroeléctricas se destinen al desarrollo de las economías locales.

Privatización controvertida y futuro de las represas del comahue

Los legisladores señalan que la gestión histórica de estos activos energéticos no ha generado ingresos significativos ni ha promovido reinversiones para mejorar la capacidad energética. Consideran que entregar el control a capitales privados, especialmente extranjeros, podría priorizar beneficios económicos externos por encima de las necesidades de las comunidades locales. Este debate sobre las represas del Comahue refleja un conflicto mayor: el equilibrio entre inversión privada, federalismo y la soberanía de los recursos naturales en Argentina. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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