Disturbios en la Legislatura de Jujuy: Dirigentes exigen que las causas judiciales sean desestimadas

Los disturbios ocurridos en la Legislatura de Jujuy el año pasado siguen generando controversia, con dirigentes sociales acusados de estar involucrados en los hechos que consideran parte de una persecución judicial. A pesar de las citaciones, los imputados, entre ellos Sebastián Copello, del Partido Obrero, han señalado que las causas no tienen base legal y son armadas.

Frente a la sede del Ministerio Público de la Acusación, los acusados, que incluyen a más de 45 dirigentes sociales, realizaron una protesta en la que demandaron la desestimación de los cargos. Copello expresó que los procesos judiciales no podían avanzar porque las causas eran "muy truchas" y carecían de sustento jurídico. "El gobierno no puede avanzar porque la causa es armada, un mamarracho jurídico", sentenció, asegurando que la suspensión del juicio por tercera vez es una clara muestra de que la acusación carece de fundamento.

Los manifestantes consideran que hay una criminalización de la protesta social y argumentan que el Ministerio Público de la Acusación sigue siendo utilizado como instrumento para perseguir a los movimientos sociales. Sebastián Fernández, del Frente de Organizaciones en Lucha, también acusó al gobierno de Gerardo Morales de continuar con la política de reprimir las formas de lucha popular, ampliando el número de imputados para abarcar todas las manifestaciones sociales.

En tanto, Miguel Ramos, de Asamblea, Trabajo y Dignidad, criticó abiertamente al sistema judicial, afirmando que los jueces están sustentando las causas en un expediente "bochornoso", mientras el Ministerio Público de la Acusación ejecuta políticas represivas contra el pueblo. Ramos denunció que en Jujuy no existe una verdadera división de poderes ni garantías constitucionales para los imputados.

Este reclamo es parte de una creciente tensión en la provincia, donde sectores sociales consideran que las autoridades están utilizando el aparato judicial para deslegitimar las protestas y frenar las demandas sociales. Los dirigentes insistieron en que las causas deben quedar sin efecto y exigieron la absolución de todos los imputados. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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