Santa Cruz: Río Gallegos evaluará acciones legales contra la reducción de Coparticipación

La reciente decisión del Gobierno de Santa Cruz de reducir el porcentaje de coparticipación destinado a los municipios ha generado una fuerte reacción en la Municipalidad de Río Gallegos, que ya contempla la posibilidad de iniciar acciones legales para revertir la medida. Diego Robles, Jefe de Gabinete del intendente Pablo Grasso, cuestionó la reducción del 3% en los ingresos, señalando que la cifra utilizada para calcular la distribución de fondos no refleja la población real de la capital provincial.

En una conferencia de prensa, Robles explicó que el último censo arrojó 115.000 habitantes en Río Gallegos, pero informes más recientes del INDEC reconocen una cifra mayor, alcanzando los 127.719 habitantes. “La medida tomada por la provincia perjudica a Río Gallegos al basarse en una cifra que sabemos que no es real”, afirmó Robles, resaltando que este desfase impacta negativamente en la infraestructura y los servicios esenciales del municipio, los cuales dependen de esos fondos.

El municipio planea presentar un proyecto de reforma en la distribución de la coparticipación, a través del diputado Eloy Echazú, con el objetivo de actualizar los criterios de asignación establecidos en una ley de 1982. Robles también cuestionó la distribución discrecional de fondos, que, según él, favorece a otras localidades en detrimento de Río Gallegos.

En cuanto al impacto financiero de la medida, Robles destacó que la eliminación de los subsidios nacionales para el transporte público, que anteriormente beneficiaban a la empresa CityBus, dejó una brecha de $600 millones, que la provincia no cubrió. A pesar de estos inconvenientes, el Jefe de Gabinete confirmó que el municipio convocará a paritarias con el SOEM esta semana para garantizar la recomposición salarial de los empleados municipales.

Por último, Robles precisó que la posibilidad de presentar una demanda judicial está siendo evaluada con abogados especializados, con el argumento de que la distribución de recursos se basa en una base de datos incorrecta. Para él, una medición más justa de la población y las necesidades de cada localidad podría basarse en indicadores actualizados como el padrón electoral, los medidores de servicios públicos y la matrícula escolar.

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