Santa Cruz: Río Gallegos evalúa denunciar a la provincia

La decisión del gobierno de Santa Cruz, liderado por Claudio Vidal, de modificar el coeficiente de coparticipación ha desatado una fuerte controversia con la Municipalidad de Río Gallegos, que considera presentar una demanda judicial para revertir el recorte en sus ingresos. Diego Robles, jefe de Gabinete de la administración de Pablo Grasso, afirmó que la reducción de un 3% impacta en la capital provincial, argumentando que el cálculo utilizado no corresponde a la población real de la ciudad.

Durante una conferencia de prensa, Robles señaló que el último censo contabilizó 115.000 habitantes en Río Gallegos, pero informes recientes del INDEC ajustan esa cifra a 127.719. "La provincia está basando la coparticipación en datos incorrectos, lo cual es un golpe directo a los recursos de nuestra ciudad”, indicó. Este desfase afecta servicios e infraestructura locales que dependen de estos fondos y, según Robles, vulnera los derechos del municipio.

Ante esta situación, el municipio, con el apoyo del diputado Eloy Echazú, impulsará un proyecto de reforma en la distribución de la coparticipación, que actualmente se rige por una ley de 1982. "Necesitamos criterios de asignación que respondan a las realidades actuales", sostuvo Robles, denunciando una distribución de recursos “discrecional” que, a su juicio, perjudica a la capital en beneficio de otras localidades.

Además, Robles destacó que la medida de la provincia agrava la situación financiera en el transporte público: el municipio perdió $600 millones en subsidios nacionales destinados a la empresa CityBus, y la provincia no cubrió esa diferencia, complicando aún más la prestación del servicio. A pesar de los desafíos, Robles afirmó que el municipio mantendrá su compromiso de negociar paritarias con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) esta semana.

En cuanto a la posible demanda judicial, Robles explicó que el municipio estudia la acción legal para argumentar que la base de datos utilizada para la distribución de recursos no refleja la población real de Río Gallegos. Como alternativa, sugirió adoptar una fórmula de cálculo que integre indicadores actuales, como el padrón electoral, la cantidad de medidores de servicios públicos y la matrícula escolar, lo cual ofrecería una distribución más equitativa y acorde con las necesidades de cada localidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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