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La sanción, que asciende a 1.736.894.161,60 pesos, fue aplicada por la Secretaría de Estado de Trabajo de Santa Cruz, en cumplimiento de la Ley Provincial 2.450, que regula los procedimientos administrativos laborales.
El conflicto laboral entre la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y el gobierno provincial dio un giro significativo con la imposición de una multa millonaria por incumplir la conciliación obligatoria dictada en febrero de 2023. La sanción, que asciende a 1.736.894.161,60 pesos, fue aplicada por la Secretaría de Estado de Trabajo de Santa Cruz, en cumplimiento de la Ley Provincial 2.450, que regula los procedimientos administrativos laborales.
La respuesta del gremio
Javier Fernández, titular de ADOSAC, calificó la medida como un intento del gobierno de vaciar y quebrar al sindicato. "No tiene relación alguna con la realidad y lo único que pretende es destruir al sindicato. 1.700 millones representan la quiebra del gremio", expresó el dirigente sindical en diálogo con LU12, destacando que esta multa de tal magnitud no tiene precedentes en la provincia.
El origen del conflicto
El conflicto se remonta a febrero de 2023, cuando ADOSAC entró en desacuerdo con el Consejo Provincial de Educación (CPE) en el marco de las negociaciones laborales. La conciliación obligatoria, dictada el 26 de febrero de 2023 mediante la Resolución N° 062/MTEySS/2023, fue desobedecida por el gremio, que continuó con paros de 48 horas los días 27 y 28 de febrero y luego convocó nuevas huelgas en marzo. Esta desobediencia al mandato conciliatorio fue lo que originó la multa.
Crítica a la conciliación obligatoria
Fernández también cuestionó la eficacia de la conciliación obligatoria en la provincia, afirmando que, históricamente, estas medidas no han servido para resolver los conflictos. "Las conciliaciones en esta provincia no han servido nunca, independientemente de los gobiernos y de quien las aplicara; todo lo contrario, han profundizado los conflictos", agregó el líder sindical.
La multa, aunque corresponde al gobierno anterior, se ejecutó bajo la administración actual, y ha generado un fuerte rechazo en el sector sindical, que considera esta medida como un ataque directo a los derechos de los trabajadores y una estrategia para debilitar la organización sindical en Santa Cruz. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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