Alejandro Gramajo: “Las políticas de ajuste afectan gravemente a los sectores populares”

En su intervención, Alejandro Gramajo detalló uno de los puntos clave que plantearon en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): la paralización de las obras de urbanización en los barrios populares desde diciembre de 2023. “Estas obras eran esenciales para mejorar la calidad de vida de millones de personas que viven en asentamientos precarios”, explicó. Estas iniciativas incluían la provisión de luz segura, agua potable, redes de cloacas, centros comunitarios, espacios recreativos y deportivos, y centros de salud. Según Gramajo, la suspensión de estas obras no solo afecta la calidad de vida en estos barrios, sino que también dejó sin empleo a miles de trabajadores que participaban en la urbanización.

“El salario social complementario quedó congelado”

Otro de los temas expuestos en la CIDH fue el congelamiento del salario social complementario, conocido como el programa Potenciar Trabajo, en 78.000 pesos. “Este monto es insuficiente para cubrir siquiera una canasta básica en la Argentina actual, donde las familias necesitan más de un millón de pesos para subsistir”, aseguró Gramajo. También denunció que el gobierno eliminó el vínculo del Potenciar Trabajo con el aumento del salario mínimo, dejando a miles de trabajadores de la economía popular con ingresos congelados mientras los precios suben incesantemente.

“La crisis alimentaria afecta a los sectores más vulnerables”

La situación alimentaria en los barrios populares fue otro tema de urgencia. Gramajo destacó que las demandas de ayuda alimentaria han crecido drásticamente, y los comedores comunitarios enfrentan situaciones extremas, incluso de violencia, debido a la desesperación de la gente por conseguir un plato de comida. “Cada vez más jubilados y trabajadores formales se ven forzados a acudir a los comedores porque no pueden cubrir sus necesidades básicas”, describió.

“El gobierno construyó una campaña de estigmatización”

En cuanto al rol del gobierno, Gramajo fue tajante al afirmar que existe una campaña de estigmatización hacia los movimientos populares y las organizaciones sociales. Según él, esta estrategia busca justificar el ajuste sobre políticas sociales y programas de asistencia. “El gobierno eligió a los movimientos populares como adversarios y promovió una narrativa en contra de las organizaciones que asistimos en los barrios, para luego otorgar la ayuda a sectores como las iglesias evangélicas o instituciones como Fundación Conin”, afirmó. Además, señaló que el gobierno busca “privatizar las empresas del estado y avanzar con despidos masivos de empleados públicos”.

“El ajuste está orientado a beneficiar a las minorías”

Finalmente, Gramajo criticó que las políticas actuales no favorecen a la mayoría de la población. En cambio, sostuvo que están diseñadas para beneficiar al poder económico concentrado. “No hay una sola medida que vaya en favor de los trabajadores, los jubilados o las mayorías populares. Las recientes decisiones legislativas solo fortalecen los intereses de los sectores más poderosos”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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