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Flavia Royón, entre el lobby privado y el avance minero en Argentina
Flavia Royón, exsecretaria de Energía, y el gobernador Gustavo Sáenz promueven un modelo extractivista centrado en la minería del litio en Argentina, priorizando los intereses de grandes corporaciones por encima de las comunidades locales y el medioambiente, en medio de cuestionamientos por conflictos de interés y falta de transparencia.
Flavia Royón, exsecretaria de Energía de la Nación, es una de las principales defensoras del modelo extractivista en Argentina, especialmente en lo que respecta a la minería del litio. Su trayectoria está marcada por una relación estrecha con los intereses empresariales del sector minero, un vínculo que se materializó no solo en su rol como secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio sino también a través de su consultora Minenco, la cual asesora a algunas de las principales multinacionales mineras. A través de Minenco, Royón facilita conexiones entre el gobierno y las grandes corporaciones, lo que levanta sospechas sobre los posibles conflictos de intereses derivados de sus actividades privadas y su rol en la gestión pública.
Una de las relaciones más destacadas en este entramado es la que mantiene con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, con quien comparte la visión de que la minería, particularmente la del litio, será el principal motor de desarrollo para la provincia. Sáenz, quien expresó su apoyo a Royón y su gestión -cuando el presidente Javier Milei la echó fue uno de los primeros en defenderla públicamente-, es un ferviente defensor de las políticas mineras que favorecen a las grandes corporaciones extranjeras, a pesar de las implicancias sociales y ambientales que estas conllevan. Ambos, en conjunto, promueven un modelo económico centrado en la explotación de recursos naturales, sin tener en cuenta los derechos y las necesidades de las comunidades locales. Este enfoque, que prioriza el crecimiento económico de las empresas multinacionales por encima de los problemas ambientales y sociales de las provincias productoras de litio, ha sido duramente criticado por organizaciones sociales y ambientales.
Quizás por estos motivos, los nuevos empleadores de Royón son la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta y el gobierno salteño.
El vínculo entre Royón y Sáenz se refuerza aún más por el papel clave que la funcionaria juega en la promoción de proyectos mineros en la región. A través de su participación como secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio, que incluye a las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, Royón es percibida como una pieza clave en el lobby minero, favoreciendo a gigantes del sector como Río Tinto, Glencore y First Quantum. En lugar de promover políticas que beneficien a las comunidades locales o que aseguren una consulta adecuada a los pueblos originarios afectados, la mesa es vista como una plataforma para garantizar los intereses de las grandes corporaciones mineras, que buscan maximizar sus ganancias a costa de la salud ambiental y la justicia social.
Royón, durante una reunión con Amanda Hall, CEO de Summit Nanotech, y los directivos Gautam Parimoo y Clara Vidal.
Este enfoque extractivista se ve reflejado también en la participación de Royón en el directorio de Zelandez, una empresa de tecnología para la extracción de litio en América Latina. Este paso refuerza las críticas sobre su aparente incapacidad para separar sus intereses personales de su rol como funcionaria pública, generando serias dudas sobre la transparencia y la ética de sus decisiones.
Asimismo, Sáenz manifestó en reiteradas ocasiones su apoyo a las políticas de Royón, quien utiliza el nombre del gobernador y su influencia para avanzar en proyectos mineros en Salta, sin considerar los impactos sociales y ambientales que estos pueden tener en las comunidades locales.
Este estrecho vínculo entre Royón y Sáenz pone de manifiesto cómo las políticas públicas pueden ser moldeadas para beneficiar a los intereses privados, en lugar de servir a las comunidades que más lo necesitan. A través de su relación, ambos lograron impulsar una agenda que prioriza la minería y el extractivismo, ignorando los graves problemas estructurales que enfrentan las regiones afectadas, como la falta de distribución equitativa de los beneficios, la saturación de las redes de transmisión eléctrica y los impactos irreversibles sobre los recursos hídricos en zonas áridas. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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